La Policía Nacional destapó un fraude de 5,5 millones de euros a la Seguridad Social en Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. Una deudora organizaba eventos de hasta 600 asistentes en los que llegó a facturar 35.000 euros y sus trabajadores realizaron jornadas de 14 horas diarias.

La investigación comenzó a principios de año. Los agentes recibieron varias denuncias sobre empresarios que no pagaban los seguros sociales de su personal. Los agentes confirmaron que en algunos casos se crearon sucesiones empresariales opacas y mercantiles pantalla con las que ocultar los beneficios obtenidos y el patrimonio de las sociedades investigadas, dedicadas a restauración, hostelería, actividades deportivas, textil, asesoría, construcción, inversión o la comunicación.

Los 34 acusados son, principalmente, administradores de las empresas, pero también sus testaferros, algunos trabajadores que actuaban en connivencia y familiares de los primeros. Se les imputan fraude de cotizaciones, frustración a la ejecución, fraude de prestaciones, falsedad documental, estafa, contra el derecho de los trabajadores y malversación.

Una familia canaria puso en marcha hace ocho años un plan para eludir pagar a la Seguridad Social y evitar embargos, gracias a una nueva sociedad, libre de cargas, que facturaba irregularmentes las ventas hechas a la deudora. Generó una deuda de 326.166,97 euros. Esta argucia permitió que la segunda empresa presentara cuentas anuales con beneficios a pesar de la elevada deuda de la primera sociedad. El negocio era altamente rentable, celebrando eventos de hasta 600 asistentes con los que facturó entre 30.000 y 35.000 euros. Para evitar que los acreedores cobraran, los investigados ocultaron sus beneficios con ingresos en efectivo realizándose todos los pagos en metálico, incluidos los salarios. Una argucia era decir que el TPV estaba estropeado. El empresario, que conocía la precaria situación de un empleado, oficialmente lo despidió, aunque le retuvo cinco años como personal fijo sin contrato y le rebajó el salario de 1.200 a 900 euros. Además le quitó la posibilidad de coger vacaciones, no retribuyéndole los periodos de descanso no disfrutados.