Desde los cuatro años Lucas se trata de epilepsia. Con esa edad sufrió un atragantamiento y los médicos le pautaron medicación, a pesar de que nunca había tenido ninguna crisis (el niño padece una discapacidad del 48% con un déficit cognitivo severo). Se lo pautaron en el hospital San Pedro de Alcántara, en Cáceres, donde llevaban el seguimiento de su enfermedad.

En enero del año pasado, cuando Lucas ya tenía once años, acudieron a esta consulta y su médico decidió añadir un medicamento más al que ya tomaba. En cambio le pautó una dosis cuatro veces superior a la que debía tomar, según reconoce la Agencia Española del Medicamento y se detalla en el prospecto del mismo. Le suministró Lamictal en dosis progresivas, es decir, cada semana debía ir aumentando la medicación. Lucas ya tomaba Depakine por lo que el nuevo, al estar combinado con este otro tiene unas dosis mucho menores. Eso no se calculó.

A las tres semanas comenzaron las complicaciones. Empezó con llagas en la boca por lo que acudió a su médico de Atención Primaria. Le dijo que se trataba de un herpes provocado por una infección pero por la noche le subió la fiebre. Los padres decidieron acudir al servicio de Urgencias del hospital Virgen del Puerto, de Plasencia, ciudad en la que residen. Aquí también le aseguran que se trata de una infección pero, aún así, deciden ingresarlo. Continuó empeorando por días, hasta que las llagas y las quemaduras se extendieron por todo el cuerpo. Se volvió de color negro porque las quemaduras le produjeron una necrosis. Como consecuencia se le cayeron las uñas y la piel de los pezones, de las plantas de los pies, de la cabeza y de la cara.

Ante esta situación se le trasladó al Materno-Infantil de Badajoz, donde le diagnostican el conocido como Síndrome Stevens-Johnson, una enfermedad que provoca precisamente el consumo de dosis excesivas del medicamento que se le pautó en el hospital San Pedro de Alcántara. El estado de Lucas era muy crítico (además de las heridas en la piel le provocó problemas renales) por lo que fue trasladado en helicóptero al hospital La Paz de Madrid. Una vez allí tuvieron que coserle los dos ojos para evitar que también se le quemaran y que pudiera quedarse ciego. Y le administraron quimioterapia para que sobreviviera al brote.

La situación que vivieron sus padres fue dramática. Según explica su madre, Cristina Paredes, el trato en los tres hospitales de la región no fue el adecuado. Primero porque intentaron quitarle importancia a lo que padecía, a pesar de que ella, dice, veía "cómo se le abría la piel" a su hijo. Denuncia además que tampoco le hicieron de forma correcta las curas de las quemaduras. "Cuando llegamos a Madrid alucinaron de cómo venía", recuerda.

Lucas logró sobrevivir pero le han quedado muchas secuelas: Manchas en la piel, defectos en la agudeza visual, necesita salir a la calle siempre con gafas de sol y administrarse gotas de forma diaria. Teme mirarse en el espejo. Además de un trastorno psicológico que comparte con toda su familia.

En noviembre del año pasado pusieron una reclamación patrimonial al Servicio Extremeño de Salud (SES) a través del despacho de abogados Lex Abogacía, uno de los más conocidos a nivel nacional en negligencias médicas. Reclaman más de 300.000 euros aunque, tal y como asegura una de sus abogadas, Clara Lozano, no se descarta ampliarla. Y es que en el hospital La Paz, tras hacerle diversas pruebas, no hallaron ni rastro de la epilepsia. Sospechan que en Cáceres le fue diagnosticada sin padecerla porque, de hecho, nunca sufrió ni una sola crisis. El SES nunca les respondió. A preguntas de este diario el Servicio Extremeño de Salud se ha limitado a decir que "no entra a valorar este caso desde el momento que está judicializado" y que "está a disposición de la justicia para lo que solicite durante el proceso".