El Estado Mayor de Operaciones de la Guardia Civil ha ordenado a la Comandancia de Las Palmas dejar de custodiar el exterior del recinto del centro penitenciario de Salto del Negro desde el viernes, después de ejercer esta labor durante 37 años, según denunció ayer la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP).
El sindicato indica que funcionarios de Instituciones Penitenciarias "han pasado a realizar la labor de control externo, vigilancia y prevención en los accesos exteriores del centro penitenciario, quebrándose el principio de seguridad que debe regir la instalación perimetral del penal grancanario y contradiciendo la diferenciación establecida en la normativa penitenciaria, que atribuye la seguridad, custodia y control exterior de los edificios a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".
Acaip señala que esto "ha causado una gran indignación en toda la plantilla del establecimiento penitenciario" y añade que el personal de la cárcel "ha asumido estupefacto la competencia de seguridad exterior de 24 horas al día en tres turnos, auxiliado de forma intermitente por un miembro de seguridad privada".
Según la organización sindical, "este hecho pone en cuestión la reciente renovación del contrato millonario de la Secretaría de Estado de Seguridad con la seguridad privada para complementar la seguridad exterior de los centros penitenciarios", y remarca el "sinsentido" que tiene renovar estos programas de privatización de la seguridad perimetral cuando en la práctica "son los empleados penitenciarios los que sin preparación, ni conocimiento, ni medios tienen que asumir competencias que quien las ejerza ineludiblemente debe ser considerado autoridad y estar armado".
Apunta el sindicato, además, que esta medida "vuelve a mermar la plantilla ya escasa del Salto del Negro al detraer efectivos de vigilancia interior y supone crear una nueva disfunción organizativa en la vigilancia del centro, al no existir protocolos homogéneos de actuación y asunción de responsabilidades por parte de los colectivos ahora implicados en la seguridad exterior: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, seguridad privada y funcionarios de instituciones penitenciarias".
El sindicato sostiene que esta decisión respaldada por la Secretaría de Estado de Seguridad "contribuye a reforzar la idea de desmantelamiento del actual servicio público esencial de las prisiones españolas no solo en cuanto a la presencia efectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los centros penitenciarios, sino por la cantidad alarmante de falta de fuerza policial de custodia a salidas de consultas a hospital o a permisos extraordinarios concedidos a los presos.
