Cuatro miembros de la Policía Nacional destinados en la Comisaría del Puerto de la Cruz fueron detenidos durante la jornada de ayer en el transcurso de una operación desarrollada por funcionarios de la Unidad de Asuntos Internos de dicho cuerpo de seguridad.
Según las primeras informaciones que trascendieron durante la tarde, los agentes arrestados supuestamente están acusados de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos y tráfico de drogas.
Las personas apresadas están vinculadas al subgrupo de estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial. Tres de los implicados son agentes y uno ejerce como oficial. Además, todos llevaban cierto tiempo realizando funciones de lucha contra la distribución de estupefacientes.
Fuentes autorizadas de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife declinaron realizar cualquier tipo de manifestación sobre el caso, debido a que todavía se están llevando a cabo actuaciones y no se quiere interferir en la buena resolución del operativo.
Los profesionales de la Unidad de Asuntos Internos llevaron a cabo la toma de declaración inicial a los investigados y los registros de determinados lugares en los que consideran que pudiera haber indicios o pruebas para formalizar las acusaciones.
Ayer no trascendió la identidad de los policías nacionales arrestados ni cuándo se inició el seguimiento a los mismos.
Los cuatro acusados fueron trasladados hasta los calabozos de la Comisaría de La Laguna.
La intervención fue efectuada por agentes de la Unidad de Asuntos Internos llegados desde Madrid expresamente para dicha operación.
Ya han sido varias las ocasiones en que Asuntos Internos ha actuado en Tenerife. Durante el año 2003, miembros del referido grupo detuvieron al que entonces era el inspector jefe responsable de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de La Laguna, que llegó a ingresar en prisión provisional. A lo largo de varias semanas, dichos agentes llevaron a cabo seguimientos, vigilancias y escuchas al citado mando.
Cabe recordar que en el año 2013 se destapó en Fuerteventura la denominada operación Botavara. En una sentencia dictada cinco años y medio más tarde, cuatro guardias civiles fueron condenados por organizar el desembarco en dicha isla de casi 1.000 kilos de hachís que transportaron en una lancha semirrígida procedente de Marruecos.
Los agentes contactaron con otras seis personas para que los ayudaran en el proceso de descarga, ocultación y almacenamiento de la sustancia estupefaciente. La mercancía ilícita fue llevada a tierra por la playa de El Cotillo. Uno de los guardias apresados informó a sus superiores de que esa noche una lancha iba a llegar por otra zona de la Isla, en un intento de despistar a sus compañeros. Sin embargo, miembros del Instituto Armado acabaron descubriendo la trama.
