09 de julio de 2019
09.07.2019

Más de 130 denunciados por fraude al solicitar la reagrupación familiar

Cada locutorio que participaba en la irregularidad podía ingresar 200 o 300 euros extras con los justificantes falsos de envío de dinero que daba a un solicitante de tarjeta de residencia

09.07.2019 | 00:39

Más de un año han estado trabajando los agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil para esclarecer las falsificaciones presuntamente utilizadas por ciudadanos con nacionalidad española, pero principalmente de origen cubano y venezolano, para traer a familiares a España, con el argumento de que estos últimos dependen económicamente de los primeros. El Equipo de Delitos Económicos del Instituto Armado investiga a 132 personas por tratar de aplicar la "picaresca" para consumar la reagrupación de seres queridos. En ocasiones, para lograr ese objetivo efectuaban una inversión de 200 o 300 euros en la compra de justificantes de envío de dinero falsos a los encargados de, al menos, siete locutorios de varios municipios de Tenerife, concretamente de Arona, Granadilla, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, así como de La Palma.

Los profesionales del cuerpo de seguridad detectaron unos 220 expedientes con este tipo de irregularidades. Las pesquisas se iniciaron cuando los integrantes del cuerpo de seguridad tuvieron conocimiento, a través de la Oficina Única de Extranjería de la capital tinerfeña, de que podría haber informes de demanda de tarjetas de residencia española con papeles falsificados, sobre todo en los comprobantes de envío de dinero.

Según la actual legislación, una persona que cuente con documento nacional de identidad (DNI) puede solicitar la reagrupación en España de sus familiares que vivan en países de Latinoamérica, mediante la obtención de la tarjeta de residencia, si demuestra que estos dependen cada mes de los recursos económicos que les remite el citado ciudadano nacionalizado. Este último ha podido obtener su DNI, por ejemplo, tras haber contraído matrimonio con una persona española o tras lograr un contrato de trabajo en el país.

Según pudo saber ayer EL DÍA, la mayoría de los investigados sí envían dinero a sus familiares, pero en unas cantidades muy pequeñas y cada cuatro o cinco meses, por ejemplo. Es decir, que esos recursos, por sí solos, no permiten la subsistencia de sus familiares en otros países. Uno de los motivos es que el solicitante de la reagrupación familiar no tiene trabajo o sus ingresos mensuales no le permiten mandar más dinero.

La mayoría de los expedientes fraudulentos tienen por objetivo facilitar la entrada en España de los hijos de los solicitantes, con su respectiva pareja e hijos. Muchos de los ciudadanos nacionalizados que efectúan la petición tienen entre 50 y 60 años.

Funcionarios de la Oficina Única de Extranjería detectaron, entre otras cosas, que había demandantes de la tarjeta de residencia para familiares que no estaban dados de alta en la Seguridad Social y que no "cuadraba" lo que podían ganar cada mes con el dinero que decían que enviaban a sus países de origen.

Tras consultar a las diferentes empresas de envío de dinero que operan a nivel internacional, los guardias civiles pudieron comprobar que el dinero que figuraba en los justificantes nunca se llegó a enviar realmente.

Entre otras cosas, los agentes detectaron que una misma persona presentó peticiones de tarjeta de residencia con los mismos comprobantes para cuatro familiares distintos.

Diversos locutorios de Tenerife y La Palma actuaban como agentes autorizados de varias empresas de envío de dinero y falsificaban los justificantes, mediante recibos en blanco disponibles en sus propios establecimientos. Otro procedimiento utilizado por los denunciados consistía en escanear recibos auténticos, para después cambiarles el nombre y datos del destinatario y del remitente. Unas veces se ponía el sello del locutorio y otras se escaneaba también dicho elemento y se añadía al papel falso. En el Sur de la Isla fueron detectados cinco locutorios que presuntamente llevaron a cabo tales prácticas, de los que tres se encuentran en San Isidro y dos de ellos en la zona de Las Galletas. Otro de los establecimientos implicados tiene su sede en La Cuesta.

Una de las fuentes consultadas en la jornada de ayer explicó que, generalmente, las falsificaciones estaban "bastante bien hechas".

La prueba definitiva de esta irregularidad la obtuvo el Equipo de Delitos Económicos tras contactar con las sedes centrales de las empresas de envío de dinero, que acreditaron que esas remesas nunca se formalizaron, entre otras razones, porque la mayoría de los "remitentes" ni siquiera figuraban como clientes suyos.

Esas gestiones complicaron de forma considerable la labor de los agentes, pues no resultó sencillo la recopilación y cotejo de los datos solicitados a las empresas de envío de dinero y, mucho menos, la localización de los domicilios actuales de las personas que supuestamente han cometido las falsificaciones.

Esta actividad de falsificación generaba a los locutorios implicados una fuente de ingresos extra, puesto que vieron un negocio en la necesidad de los interesados de traer a sus familias a España. Por cada justificante falso comprado, los encargados de los citados establecimientos podían cobrar 20 o 30 euros. Así, si se compraba una decena de tales recibos, los ingresos para el local ascendían a 200 o 300 euros.

Además, aunque se simuló que los envíos de recursos económicos fueron efectuados en meses diferentes, la hora que figuraba en los comprobantes siempre era la misma y con cantidades "muy exactas". Tras analizar los ordenadores situados en los mostradores de los locutorios y documentación en papel, se obtuvieron las pruebas necesarias que acreditaban que las mencionadas empresas estaban llevando a cabo acciones irregulares. Los investigadores detectaron que este sistema de falsificación se había extendido a través de la comunidad cubana (y, en menor medida, venezolana), a través del "boca a boca" con tanta celeridad que, en un periodo de pocos meses, ya era conocido en toda la isla de Tenerife. La consecuencia de la operación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial puede ser que se revoquen aquellas tarjetas de residencia que ya se habían concedido, o bien que se anulen los expedientes que permanecían sin resolver. Fuentes cercanas a la investigación aclaran que el objetivo que se persigue es que ahora se produzca un fenómeno de "boca a boca" inverso en las comunidades latinoamericanas, es decir, que esa falsificación no da los resultados esperados.

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