Cinco adolescentes, chicos y chicas, se introducen en un cañaveral en la confluencia del Camino Fuente Cañizares y el Camino La Cruz tras salir de su instituto. Tenían preparado hachís para consumir. No pertenecen a familias con problemas económicos. Pero su conducta resulta preocupante. Su escapada fue detectada por agentes de la Unidad de Servicio de Paisano (USP) de la Policía Local de La Laguna, que los identificaron y pusieron los hechos en conocimiento de sus padres.
El trabajo continuado de este grupo ha sido distinguido días atrás por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, con el visto bueno de la Comisión de Coordinación de Policías Locales.
El responsable directo de la USP es Francisco Martín González, que comenzó en dicho grupo a comienzos del 2005. Recuerda que el 15 de enero llegó a trabajar y el entonces jefe de la Policía Local, Juan José Sánchez, le dijo a él y a otro compañero que se fueran a sus casas, que se pusieran ropa de calle, ya que había que intervenir en dos plazas de El Cardonal en las que se estaba vendiendo droga. Y así comenzó una etapa de lucha contra el menudeo de sustancias estupefacientes en diferentes lugares del municipio. Explica que "casi todos los días teníamos detenidos" por esos delitos. Recuerda que la necesidad de sus actuaciones se basaba en la gran demanda de servicios de este tipo y la escasa plantilla de la Policía Nacional que había entonces. En un año, los funcionarios de la USP llegaron a tener más de 200 detenidos y hacían centenares de actas por consumo de drogas cada mes.
Pasados varios años, la USP evolucionó y se centró más en el trabajo con los menores de edad. Esa vertiente se inició cuando, en una ocasión, Sosa, policía local de Santa Cruz de Tenerife adscrito a la Fiscalía de Menores, acudió a La Cuesta en busca de un adolescente residente en el barrio de La Candelaria y pidió ayuda en el destacamento situado junto a la plaza del tranvía. Así entraron en "el mundo" de la intervención con este segmento de la población y sus muy diversos problemas.
Cuando los adolescentes eran recogidos por los responsables de los centros de acogida, en cualquier semáforo o stop se bajaban del coche y huían. Los integrantes de la Unidad de Servicio de Paisano adoptaron otra forma de trabajar, que incluía no solo localizarlos y llevarlos a la sede policial, sino también trasladarlos hasta los centros en los que residían. Gracias a sus procedimientos para resolver los problemas, en el año 2015 se estableció un nuevo protocolo para declarar la situación de desprotección de un menor, que agiliza considerablemente las gestiones.
El oficial Francisco González comenta que la intervención con menores se puede desarrollar con medidas de reforma, en el caso de que hayan cometido algún delito, o bien cuando los adolescentes son víctimas de las infracciones penales de adultos.
Aclara que la situación más preocupante se produce con aquellos chicos o chicas que consumen alcohol o drogas, que dejan de acudir a sus centros educativos; que no delinquen, pero están rozando la exclusión social. Lamenta que, a veces, a estas personas se las deriva a recursos asistenciales, pero no se les da la respuesta adecuada para resolver sus problemas.
El oficial manifiesta que "hacen falta más recursos; todos los medios que haya para menores o mujeres maltratadas son pocos". También considera necesario que se actúe con más rapidez en la atención a los problemas.
En los últimos años, la actividad laboral le ha llevado a conocer realidades sórdidas y desagradables. El talante de este oficial y sus agentes resulta un factor importante para la resolución de servicios y para tener buena imagen en diferentes estamentos. ¿Para afrontar la realidad de los menores, le ha ayudado ser de un barrio con cierto estigma de delincuencia? "Ser de un barrio me ha ayudado a entender los problemas de algunas familias", responde. Aclara que "estoy aquí por vocación", y en alguna ocasión he tenido que detener a amigos de la infancia.
Recuerda que su padre fue policía local en La Laguna y que durante años se esforzó por acceder a una plaza de agente. Hace 20 años logró sacar una plaza en el municipio de Granadilla de Abona. Y varios años después pudo obtener el traslado a su municipio natal.
Está convencido de que los diferentes reconocimientos obtenidos en los últimos años, tanto de carácter oficial como los que les transmiten los profesionales de diferentes recursos, jueces o fiscales personalmente, no serían posibles sin la entrega y profesionalidad de todos los integrantes de su equipo. Esa implicación resulta fundamental para ayudar a muchos adolescentes a encontrar un camino alternativo a la delincuencia y la exclusión social.
