El Juzgado de Instrucción número 2 de La Orotava, con competencias en materia de Violencia sobre la Mujer, acordó ayer el sobreseimiento provisional de las diligencias incoadas por la muerte de Amy Louise Gerard, la joven británica de 28 años cuyo cadáver apareció en la costa del municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz el 4 de diciembre de 2018.

El órgano judicial confirmaba ayer que se han archivado los cargos que se habían presentado contra el novio de la que fuera cuidadora de orcas en Loro Parque, quien fue llamado a prestar declaración declaración ante la juez en calidad de investigado por su posible relación con la muerte de Gerard, según los indicios preliminares que se tenían en ese momento, incluido el informe forense de la autopsia que se le practicó en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife.

Con dicho informe se inició la investigación a la vez que se remitían otras pruebas a distintos organismos como los laboratorios del Instituto nacional de Toxicología donde se realizaron diversos análisis de tejidos y sangre, estudios que se unieron a las diligencias en fechas recientes y que no han aportado pruebas o indicios racionales que determinen la implicación de terceros en la muerte de la joven, cuyo óbito se considera accidental con las diligencias practicadas hasta la fecha. La joven desapareció el 30 de noviembre de 2018, cuando fue vista con vida por última vez durante esa noche en un bar de Puerto de la Cruz en compañía de varias personas, entre ellas el joven que hasta ahora venía siendo investigado.

El responsable del citado bar en el que fue vista la pareja aquella noche, señaló que la pareja había estado en el bar hasta que ambos salieron a la calle. En la misma puerta del local, la mujer y él entablaron una conversación que, a priori, parecía acalorada y, minutos después, ambos se despidieron tomando cada uno rutas diferentes, según informaron fuentes de la investigación en aquel entonces.

El Juzgado que inicialmente abrió la investigación en Puerto de la Cruz se inhibió en el conocimiento de la misma a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer del partido judicial de La Orotava, localidad donde residía la fallecida. Al inicio de las actuaciones se mantuvieron todas las líneas de investigación abiertas, aunque había tomado fuerza la hipótesis de que la cuidadora de orcas hubiera sido víctima de una agresión.

Tras meses de investigación, la autoridad judicial concluye ahora que no hay pruebas que permitan apuntar a una muerte de etiología violenta. No obstante, el proceso no se archiva de forma definitiva ya que si en el futuro aparecieran nuevas pruebas que apunten a otra causa de la muerte distinta a la accidental, el proceso podría reabrirse, pero de momento nada aconseja continuar la investigación, a juicio de la instructora y de la representación del Ministerio Fiscal. Los forenses han aclarado que los golpes que presenta el cadáver son compatibles con una caída accidental al mar y con el impacto del cuerpo contra las rocas.