La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio Canario de Salud (SCS), a través de la Oficina de Uso Racional del Medicamento, y en el marco de la operación Higea TF, desarticuló una organización delictiva que en los últimos años presuntamente estafó más de dos millones de euros a dicho organismo del Gobierno autónomo.
Los investigadores arrestaron a siete personas, entre las que figuran tres médicos, un farmacéutico y dos empresarios de Tenerife, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
La investigación se inició una vez que el SCS detecta que, desde el año 2014, una farmacia situada en el casco urbano de Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la calle Garcilaso de la Vega, estaba dispensando un grupo de medicamentos de alto coste y que en su mayoría eran prescritos por el mismo médico, quien ejercía su profesión, en un principio, en el centro de salud de Geneto y, posteriormente, en el de San Benito, ambos en La Laguna.
La venta de estos fármacos alcanzaba cifras tan extremadamente altas que la empresa investigada llegaba a facturar más dosis que las que vendía el resto de este tipo de comercios en toda Canarias.
Ante tal situación, los guardias civiles, en colaboración con inspectores de la Oficina de Uso Racional del Medicamento, iniciaron una investigación para esclarecer los hechos. En primer lugar, analizaron las recetas electrónicas usadas para dispensar los productos. Así supieron que el núcleo principal de la red estaba formada por un médico de familia, un farmacéutico y un empresario. El médico de familia emitía de forma masiva recetas electrónicas a favor de pensionistas o personas con derecho a la máxima subvención que ni siquiera pertenecían a su cupo de pacientes y que, por tanto, ignoraban la actividad delictiva. Además, en la mayoría de los casos, los documentos prescritos nada tenían que ver con las dolencias que presentaban los mismos.
El hecho de que la dispensación se hiciera en una única farmacia del centro de la capital (muy alejada de los centros sanitarios de Geneto o San Benito, donde trabajaba el médico) indicó a los agentes que "debía existir un acuerdo delictivo entre el médico" y la citada empresa. Tras varios meses de pesquisas, los guardias civiles detectaron que un empresario ejercía de enlace entre el galeno y el farmacéutico, siento este el principal promotor de la actividad delictiva, en la que contaban con la connivencia de varios empleados de la citada farmacia. Así, con la autorización del Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, el Equipo de Delitos contra las Personas de Policía Judicial registró la consulta médica, la farmacia de Garcilaso de la Vega, los domicilios de los tres principales investigados y una tienda de ropa del empresario. En esas inspecciones se intervino gran cantidad de documentación sanitaria, numeroso material informático, que, una vez estudiado, permitió conocer en profundidad el funcionamiento y las ramificaciones de la organización.
El médico usaba un conjunto de pacientes que localizaba en la base de datos del SCS y simulaba haber tenido una consulta en el sistema informático. Después generaba un plan de tratamiento médico electrónico, que imprimía y se lo daba al empresario para que este lo llevara a la farmacia, donde se dispensaban los fármacos prescritos en cada receta. El beneficio del farmacéutico radicaba en que, aunque facturaba el medicamento, este no era realmente despachado y podía venderlo muchas veces, puesto que la caja siempre permanecía en el almacén del negocio. Pero obtenía la consecuente subvención a la que estaba acogido.
Los agentes descubrieron la existencia de otras ramas delictivas de la organización a menor escala en el Sur de la Isla. En Güímar, la dueña de una residencia de tercera edad actualmente cerrada utilizaba a un médico de familia del centro de salud para extender recetas electrónicas a los mayores y que luego eran presentadas en la misma farmacia de Garcilaso de la Vega. Se dispensaban solo algunos productos recetados, por lo que se generaban beneficios para ambas sociedades (la residencia y el comercio). En un centro de salud de Adeje se prescribieron recetas electrónicas que también eran suministradas en la farmacia. En dicho negocio también se dispensaban e inyectaban anabolizantes de forma clandestina a clientes que lo pedían por teléfono.
Vender el negocio con unos ingresos 'inflados'
La Guardia Civil informa de que, como hecho definitivo, el propietario de la farmacia situada en la confluencia de la calle Garcilaso de la Vega con la avenida de San Sebastián ultimaba la venta del establecimiento a una tercera persona por un importe muy superior a su valor real. Según los investigadores, para desarrollar tal engaño presuntamente utilizaba los importes mensuales que facturaba al Servicio Canario de Salud y que "en nada tenían que ver con los importes reales de ventas". El objetivo del empresario acusado de estafa no era otro que lograr vender la farmacia antes de que entrase en funcionamiento un nuevo sistema de control de venta de medicamentos que le hubiese impedido continuar con su facturación ficticia. Según la empresa informática del SCS, solamente en los años 2017 y 2018 la cantidad estafada al organismo público ascendió a 1.723.586 euros.
