Ladislao Díaz, letrado que representa a D.J.M.T., uno de los siete detenidos a raíz de la investigación judicial abierta por el supuesto fraude al Servicio Canario de la Salud (SCS) al dispensar un grupo de medicamentos de alto coste que eran prescritos por tres médicos del SCS, ha remitido un escrito al Juzgado de instrucción número 5 de la capital tinerfeña, órgano que ha instruido la causa, para solicitar la puesta en libertad provisional de su defendido, quien se encuentra en prisión desde octubre por este procedimiento que continuaba con la ampliación de diligencias hasta hace unos días, en el que decidió cerrar el caso.

El abogado señala, en primer lugar, que no concurre el precepto de riesgo de fuga, entre otras cuestiones porque tiene su residencia en la Isla y es padre de un menor de 4 años.

En cuanto a la cuestión de la gravedad de las penas que pudieran solicitarse por el Ministerio Fiscal y por el SCS a tenor de los delitos que se le investigan a él como a los otros seis detenidos, de los que solo otros dos se encuentran en prisión, como el de la presunta comisión de estafa, falsedad documental, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, el letrado señala que "la totalidad de las diligencias practicadas hasta el momento, ha corroborado la inexistencia de actitud delictiva" por parte del farmacéutico, cuya botica en la calle Garcilaso de la Vega se encuentra desde octubre del pasado año cerrada al público.

El letrado señala así como argumentos propios que harían decaer la gravedad de las imputaciones en lo declarado por los diferentes testigos e investigados en sede judicial. Así, una médico del SCS relata que "no extrañaría emitir planes tratamiento con un alto coste pues existen medicamentos ampliamente recetados que no son baratos, como el clexane, usado en traumatología". Aseguró también que los médicos residentes "siempre" tienen un responsable jerárquico que "comprueba la coherencia de la prescripción de los medicamentos".

Otro de los investigados señala "sin fisuras" que "consume vitaminas B, por las que no son necesarias recetas y creatina", lo que se le dispensaba en la farmacia a petición del testigo y sin poner en riesgo la salud de aquel. Como este, otros muchos testigos aportaron documentación y afirmaron ante la juez ser pacientes con distintas patologías crónicas con tratamientos prescritos, por los que el farmacéutico solo estaba en el papel de dispensarlos.

Por otro lado, la testigo funcionaria del departamento del Uso Racional del Medicamento señaló que la cuantía de lo defraudado se elevaba a unos "dos millones de euros", sin aportar las recetas originales que justifiquen la investigación desde 2014 sobre el que se sustenta la investigación, sin tener en cuenta además en los cálculos que realiza si los medicamentos de alto valor los paga en parte el paciente o el SCS porque no se tuvieron en cuenta los porcentajes subvencionados. Pero además, con su testimonio asegura que "la cadena de custodia de las recetas cuyos medicamentos se dispensan en una farmacia es inexistente, ya que el Colegio de Farmacia procesa, pero no revisa, la información que luego tramitan a los servicios provinciales".

El abogado, además, destaca que a pesar de que se trasladaron imágenes de la intervención de la Guardia Civil en el domicilio del farmacéutico en las que se veía a un agente contando efectivo, su patrocinado "no poseía dinero alguno fuera del circuito bancario y control fiscal, y que los 18.000 euros intervenidos responden a la venta lícita de un coche de su propiedad.