Los investigadores del grupo especial creado para esclarecer el asesinato de Carlos Machín el 17 de abril de 2018 en el aparcamiento de la Escuela de Idiomas en La Verdellada habían analizado centenares de miles de datos de telecomunicaciones. Sabían de la existencia de una decena de teléfonos móviles con tarjeta prepago adquiridos por una sociedad mercantil del empresario de la noche lagunera y abogado Evaristo González Reyes.

Sin embargo, esos terminales que habían estado operativos en las horas previas a que se cometiera la ejecución dejaron de estar activos casi a la vez, una vez que el plan se llevó a cabo.

Durante meses, la Policía Nacional ha estado esperando a que alguno de ellos volviera a tener red, pero no fue así y los investigadores decidieron mover ficha.

El 14 de mayo pasado se realizó un operativo de búsqueda en el barranco del Drago, a la altura del barrio de Santa María de Gracia, para la supuesta búsqueda del arma homicida. Al menos, eso fue lo que se trasladó a la opinión pública. Pero la intención era bien distinta y aquel dispositivo no era más que un señuelo para intentar que los implicados en el asesinato se destaparan. Y dio sus frutos.

Horas después de que la operación se efectuara con toda la publicidad que los medios de comunicación podían prestar, algunos de aquellos teléfonos móviles apagados se activaron. Y los agentes estaban al otro lado de la línea para escuchar lo que tenían que decirse los implicados.

La estratagema vino a confirmar las hipótesis de trabajo de los investigadores y precipitaron las detenciones bajo mandamiento judicial.

Los agentes del Grupo de Homicidios ya tenían claro quiénes robaron el vehículo en el que se desplazaron los autores materiales del crimen hasta la Escuela de Idiomas; quién fue el brazo ejecutor, quién fue el conductor; quién facilitó la huida desde Gracia hasta el Sur y quién les dio cobijo en una finca. Y, sobre todo, conectaron a todos estos con el cerebro de la trama. Y con la acumulación de indicios y pruebas contenidas en el expediente, la jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna les tomó declaración ayer a los ocho detenidos y envió a prisión a cinco de ellos, dejando a tres en libertad con cargos y medidas cautelares.

Durante los últimos 13 meses, los investigadores han hecho un arduo trabajo de forma silenciosa, mientras el abogado Evaristo González y su compañero de bufete Santiago Martínez, también arrestado, intentaron fabricar varias coartadas para intentar eludir que pesaran sobre ellos las sospechas policiales. No obstante, no se alejaron y se pusieron bajo el foco mediático.

El día después del asesinato, Martínez se erigió como portavoz de la familia de la víctima. Y, además, tanto este letrado como Evaristo González viajaron a El Hierro, isla de la que era natural Machín, el mismo día en que se celebró su funeral. Sin embargo, no llegaron a asistir al sepelio en la localidad de Isora. Nadie les vio por allí, ni la afligida viuda ni sus hijas, ni otros allegados ni amigos. Los dos letrados fueron a la citada isla como si estuvieran de vacaciones y regresaron a Tenerife en el mismo vuelo en que lo hicieron algunos de los asistentes al entierro. Esa circunstancia extrañó a algunos de esos pasajeros y que la Policía supo poco después. Ese fue un elemento más para centrar las pesquisas sobre el conocido abogado y empresario lagunero, que ya ha pasado su primera noche en Tenerife II.