El abogado y empresario de la noche lagunera, Evaristo González Reyes, detenido ayer como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Machín -uno de sus hombres de confianza- en los aparcamientos de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna el 17 de abril de 2018 ha sido protagonista de las páginas de sucesos y de tribunales en diversas ocasiones a lo largo de la última década, y no por su actividad profesional como letrado, sino como principal investigado de causas tan sonoras como el caso Corredor. Un asunto judicial plagado de dificultades en la investigación, recursos de los acusados, recusación de jueces y magistrados, pérdida de 45 tomos del sumario de este procedimiento en el traslado de la documentación del antiguo edificio de los Juzgados de La Laguna hacia las nuevas instalaciones. Pinchazos telefónicos, presuntos sobornos a agentes policiales y empresarios de la noche lagunera aparecieron adornando los miles de folios de los que consta esta causa en la que el principal investigado, Evaristo González Reyes, afronta hasta un total de 44 años de prisión por una docena de delitos, según recoge el escrito de acusación provisional de la Fiscalía Provincial.

Al empresario se le acusa de una decena de delitos contra la Seguridad Social y dos de falsedad en documento mercantil y oficial. En esta trama están involucradas hasta 15 personas. En concreto, los hechos por los que se juzga a González y a las otras 14 personas tienen que ver con la creación de una presunta organización criminal de la que hay indicios de que estafó más de 1,6 millones de euros a la Seguridad Social entre 2006 y 2010.

La Fiscalía plasma en su escrito de acusación que la trama tejió una red de empresas, lideradas por González, pero en las que se ponía al frente a otras personas para defraudar a la Seguridad Social y, a través de esas empresas, disponía de trabajadores sin abonar las cotizaciones. "Se creaban contratos de trabajo simulados para que los supuestos trabajadores se beneficiasen de subsidios o prestaciones de desempleo", describe el Ministerio Público.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife también pide 32 años de cárcel para Francisco Óscar González, uno de los colaboradores de Evaristo González, quien figura como uno de los administradores de una de las sociedades mercantiles de la supuesta red; mientras que para el empresario Alberto Isidro Santana Domínguez pide cinco años de prisión como administrador de otra empresa del entramado.

Igualmente, a los tres acusados se les pide que indemnicen a la Seguridad Social, según se determine en la sentencia. Además, el Ministerio Público solicita una multa de 600.000 euros para cada uno de los tres principales acusados en el procedimiento.

También están acusados en esta causa Heraclio José Padrón García, Israel Barreto Méndez, Yolanda María Geara Suárez, Juan Carlos Alonso Molina, Juan Carlos Martín Delgado, Fabián Echeverry Rojas, María Mercedes Noda Gil, Cosme Quintero Díaz, Josefa Pilar Geara Suárez, Ricardo Félix González Romero, Eudes Emiliano Leandro Silva y María Lourdes González Jerez.

El juicio por el caso Corredor debía iniciarse el pasado mes de junio, sin embargo, en el primer día de la vista oral, la defensa de Evaristo González presentó un escrito de recusación contra el tribunal que iba a juzgarlo, al considerar que no eran "imparciales", recurso que logró paralizar la vista oral provisionalmente.

El inicio del caso Corredor se remonta a 2010, cuando el empresario del ocio nocturno Carlos Calderón denunció las malas prácticas de González Reyes. A raíz de la denuncia, y ante los indicios de delitos de prevaricación, coacciones, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, se ordenó pinchar sus teléfonos. Estas grabaciones dieron lugar a tres de las 23 piezas separadas del caso Corredor.

El coleccionista de coches de lujo

No hay entrevistas de Evaristo González Reyes, el principal imputado del caso Corredor. Y extraña mucho cuando se trata de una de las personas más ricas de Tenerife y dueña de los principales pubs y discotecas del Cuadrilátero lagunero, la mayor zona de ocio nocturno de la Isla. El hecho, sin embargo, prueba la máxima discreción con la que este abogado se movía en el mundo empresarial. Las imputaciones contra él que vertió el juez César Romero Pamparacuatro, denotan que detrás de este personaje misterioso se oculta un perfil oscuro, capaz de todo con tal de alimentar todavía más su ya extenso patrimonio. Pamparacuatro lo acusó de robo con violencia, estafa, falsedad documental, delitos contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita. El catálogo de presuntas ilegalidades que aparece en el sumario del caso Corredor es largo, desde tráfico de influencias para lograr beneficios para sus locales de La Laguna a un intento de robo a una mujer que salía de una notaría tras cobrar un préstamo; contrataciones fraudulentas, deudas millonarias a la Seguridad Social, estafas y fraudes en la compraventa de vehículos, inmuebles y fincas...

Nacido el 26 de diciembre de 1958 en Santa Cruz de Tenerife, Evaristo González siempre se ha preocupado por llevar una vida discreta, sin más ostentaciones que la de su gran afición: los coches de lujo. En un informe policial en el sumario se asegura que tiene 27 vehículos de lujo como Cadillac, un Rolls Royce valorado en más de 600.000 euros y varios Jaguar. A tenor de las graves imputaciones por el caso Corredor, Pamparacuatro lo envió a prisión sin fianza el 9 de febrero de 2012 pero lo dejó en libertad con cargos tres meses después de que la Fiscalía avalara una segunda petición para que abandonara la prisión de Tenerife II. No era la primera vez que entraba en la cárcel. Pasó tres meses en prisión provisional en 1989 por un supuesto caso de rapto y coacciones al que fuera inspector regional del Juego del Gobierno de Canarias, José Antonio Acha Meneses, en un proceso en el que al final fue absuelto. Y a raíz de la denuncia de otro afectado, la comisaría provincial elevó un informe en el que detalla que entre 1986 y 1994 le fueron incoados a Evaristo González 42 expedientes sancionadores.

Uno de sus hombres de confianza en los negocios

El empresario herreño Pedro Carlos Machín Quintero, asesinado a tiros la noche del 17 de abril de 2018 en los aparcamientos de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna, estuvo encausado en el caso Corredor, un procedimiento judicial cuyo extensísimo sumario consta de 23 piezas separadas. El empresario herreño era uno de los hombres de confianza del abogado y también empresario del ocio nocturno, Evaristo González Reyes, principal investigado en el caso Corredor por la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Social y falsificación de documentos dentro de organización o grupo criminal, así como un delito de estafa, en el que se habría defraudado más de 4,5 millones de euros, según recoge el auto de transformación de la magistrada María Celia Blanco. La magistrada citó como investigado al empresario asesinado en una vista oral que se debía abrir el 7 de mayo del pasado año, al igual que Evaristo González Reyes y 14 acusados más, pero fue asesinado dos semanas antes.

Carlos Machín Quintero había sido absuelto en 2017 por un presunto delito contra la Seguridad Social que se le imputaba, según sentencia fallada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife. En ese pleito la Fiscalía solicitó el archivo mientras que la Tesorería de la Seguridad Social fue quien ejerció la acusación particular. Aquella causa era una pieza de caza muy menor en comparación con lo que la Fiscalía tenía para el procedimiento del caso Corredor que debía iniciarse justo un año después, a mediados de 2018. Todo el mundo apuntó a un posible pacto o acuerdo entre la fiscal y Machín para que aquilatara la causa judicial contra su antiguo jefe, Evaristo González. Sin embargo, Carlos Machín no llegaría vivo al inicio del juicio.

En el auto de archivo en el que Machín quedó absuelto, la juez señaló que "en 38 sociedades se constata que, aún careciendo de bienes y pese a su funcionamiento o explotación, y con la existencia de trabajadores, mantiene deudas con la Seguridad Social" y añadió que "a raíz de las conversaciones telefónicas que fueron intervenidas durante la investigación policial, se detecta que la dirección de las sociedades las lleva el investigado González Reyes, aun cuando pone al frente a apoderados que evitan se conozca la auténtica titularidad del investigado principal". "Machín estaba al frente del pub Kapitel, propiedad de Comercial Osgozón y Francisco Óscar González Monzón figuraba como administrador, si bien ambos eran dirigidos y controlados por Evaristo González Reyes".