La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) manifiesta que la agresión con arma blanca sufrida por un agente en La Matanza la pasada semana se podía haber evitado si los profesionales que actuaron hubieran tenido un arma de electrochoque o pistola eléctrica, denominada de forma común como táser, por ser la marca comercial más difundida. También desde AUGC consideran que los agentes carecen de formación para la gestión de incidentes con mayor probabilidad de riesgo en el ámbito policial, como pueden ser las agresiones físicas, con o sin armas, por parte de personas especialmente agresivas. En el suceso citado, el agresor fue un varón con ideas suicidas.

El colectivo mayoritario en el Instituto Armado señala que, actualmente, dicho entrenamiento se limita a una jornada cada seis meses. El secretario general de AUGC en Santa Cruz de Tenerife, Francisco Javier Merideño, opina que, tras dicho ataque, quedan patentes las carencias para la posterior atención que se brinda a los guardias civiles que han padecido situaciones de especial violencia física y psicológica, puesto que la intervención en este tipo de servicios puede ser considerado como uno de los casos que mayor impacto emocional puede producir en profesionales que trabajan directamente con el ciudadano. Según Merideño, el estrés o ansiedad que se registran, si no son bien gestionados, pueden conllevar el padecimiento de trastornos de tipo psicológico, como la depresión o el estrés postraumático. En la escala básica del cuerpo (cabos y guardias), se han producido un total de 730 prejubilaciones por dicho motivo entre los años 2012 y 2018. AUGC se dispone a personarse en la causa como acusación particular a través de su gabinete jurídico, que vela en defensa de los intereses de la víctima.

Sobre la demanda de pistolas eléctricas, fuentes autorizadas del Instituto Armado aclaran que todo lo relacionado con el material oficial "es competencia de la Dirección General de la Guardia Civil, que es el órgano que se encarga de su adquisición y posterior distribución".

Desde hace casi dos décadas, la aplicación de pistolas eléctricas para la reducción de personas violentas es una realidad. Durante años, fueron y son utilizadas por grupos de intervención de las policías locales en varios municipios del Archipiélago, por ejemplo. Y, de hecho, los casos en que pueden ser usados aparecen contemplados en el reglamento de armamento que el Gobierno canario aprobó recientemente para agentes municipales y los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria.