La Guardia Civil del Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán, en Gran Canaria, ha investigado el 7 de mayo a una persona que responde a las iniciales A.K.S., como presunto autor de un delito de estafa, después de engañar a un turista extranjero en Puerto Rico al cobrarle de su tarjeta de crédito, sin su conocimiento, dos cargos que sumaban 2.475,08 euros.

La investigación se produce después de que el citado Puesto de la Guardia Civil recibiera una denuncia sobre la estafa a finales del pasado año, cuando un despacho de abogados presentó la denuncia escrita en representación de la víctima, un ciudadano extranjero que, durante sus vacaciones en Puerto Rico, compró a mediados de año en un determinado negocio de electrónica una tablet y una tarjeta para Internet a 50 euros por la primera y 12 euros por la segunda.

Para ello, los vendedores le indicaron que era necesario abonarlo con tarjeta, si bien el turista comprobó a su regresó a su país que le habrían cobrado, sin su conocimiento ni consentimiento, mucho más del precio ofertado, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.

Todo ello porque el presunto autor de la estafa le dijo a la víctima que la tarjeta daba error, motivo por el que le pasó la misma dos veces por la TPV o tacógrafo de la tienda, creyendo la víctima que era efectivamente un error.

Sin embargo, tras las pesquisas policiales, los agentes decidieron el 7 de mayo imputar al propietario del comercio, tipo bazar de efectos electrónicos, quedando pendiente la imputación en calidad de investigado del titular del TPV utilizado, ya que no corresponde con el negocio donde la víctima fue estafada sino con una empresa de auto-repuestos con sede en Las Palmas de Gran Canaria.

Por último, la Guardia Civil ha informado de que desde el año 2015 se realizan una pluralidad de investigaciones de hechos de similares características en Puerto Rico, arrojando una totalidad de 18 atestados instruidos por delitos de estafa, en los que se ha detenido, investigado o identificado a 38 personas y sumando la cantidad de 54.146 euros las cantidades cargadas fraudulentamente a los perjudicados.