Los funcionarios de prisiones de Canarias llevan tiempo avisando de la situación alarmante que se vive en las cárceles de las Islas tanto para los trabajadores como para los reclusos. La falta de personal está provocando situaciones anómalas, agresiones verbales y físicas constantes entre los trabajadores y los internos, e incluso fallecimientos de presos que podrían haberse evitado si se contase con la plantilla necesaria y más personal sanitario.

Este sábado 4 de mayo, un interno de 47 años del centro penitenciario Tenerife II f ue encontrado muerto en su celda. A la espera de que se le realice la autopsia, todo apunta a que el fallecimiento se debió a un infarto vinculado a una sobredosis o una ingesta excesiva de medicamentos.

Dos meses antes, Manuel José P.P murió tras ingresar en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria con una desnutrición secundaria y en grave estado de salud. En este caso, su mujer demandó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Interior debido a que, en su opinión, la muerte estuvo vinculada a un anormal funcionamiento de la prisión Tenerife II, "ya no solo por no cuidar de la salud del interno, sino también por no cumplir con la legislación penitenciaria, puesto que no se le concedió la libertad condicional" cuando su deterioro físico era ya irreversible. En el escrito presentado por la denunciante ante la Subdelegación del Gobierno, se solicita una indemnización de 210.000 euros para la familia, de los que 90.000 serían para ella y 40.000 euros para cada una de las tres hijas de la pareja.

La muerte de estos dos reclusos suman en lo que que va de año un total de seis presos fallecidos que cumplían condena en prisiones del Archipiélago.

Dos de esas muertes se han debido a suicidios, otras tantas a enfermedades, una muerte natural y el último (el de ayer) supuestamente a un consumo excesivo de productos farmacéuticos. De la media docena de casos, tres de ellos han ocurrido con internos de la cárcel de Juan Grande (Las Palmas II), otros dos con reos de Salto del Negro (Las Palmas I) y el último corresponde a Tenerife II. En 2019, en todas las prisiones del sistema español de Instituciones Penitenciarias (excepto Cataluña, comunidad que tiene asumidas las competencias) han muerto 69 internos en muy diversas circunstancias. Esa cifra asciende a 80 si se contabilizan los casos desde el 1 de diciembre del 2018

Frente a esta situación, sindicatos de personal de prisiones, plataformas de funcionarios o el colectivo de apoyo a los presos de Tenerife demandan a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que aumente el personal sanitario en la Isla. Estos empleados son los encargados de la distribución de fármacos y, ante la actual disponibilidad de recursos humanos, los medicamentos de cada recluso se reparten los viernes, con el objetivo de que sean tomados la tarde-noche de esa jornada, los sábados y los domingos. El problema surge en aquellos casos en que los internos realizan un consumo abusivo de estos productos. Durante el último lustro han sido varios los fallecimientos en Tenerife II atribuidos a esta conducta de las personas privadas de libertad.

Sindicatos y plataformas creen necesario que el Gobierno del Estado aumente las plantillas en las cárceles, entre ellas las de personal sanitario. De esa manera, los sábados y domingos también se haría un reparto controlado de fármacos, lo que evitaría un consumo excesivo por parte de los presos o un problema de tráfico ilegal en el interior del centro. En lo que va del presente año, por circunstancias muy diversas han fallecido seis presos que cumplían condena en prisiones del Archipiélago.

A estas muertes, se unen las agresiones y disturbios que se repiten en los centros penitenciarios de las Islas y que han llevado a los funcionarios a organizar varios encierros y huelga desde hace dos años como medida de protesta por la carencia de personal en las cárceles.

En Canarias hay alrededor de 1.500 funcionarios de prisiones afectados, que trabajan en los tres centros de reclusión en la provincia tinerfeña (dos en Tenerife y uno en La Palma) y otros tantos en Las Palmas (dos en Gran Canaria y uno en Lanzarote).