La Audiencia Provincial condenó a la dueña de una agencia de viajes situada en Puerto de la Cruz, C.D.D.G., a dos años de cárcel por una estafa agravada. La pena incluye también el pago de seis euros diarios durante nueve meses y alrededor de 50.000 euros que adeuda a medio centenar de clientes que no pudieron hacer uso de los servicios pagados. La Fiscalía reclamaba cuatro años de prisión y el abono de la misma multa.

El fallo, que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cree probado que la acusada, entre julio de 2015 y mayo de 2016, recibió el importe de viajes y estancias hoteleras por parte de varias personas que, cuando llegaba el momento del viaje, no podían usar el dinero, ni los billetes ni las estancias hoteleras. Las cantidades pagadas eran utilizadas por la imputada "en beneficio propio".

Durante los días del juicio, 37 testigos de los 49 afectados expusieron al tribunal los perjuicios ocasionados, que oscilaron entre los 100 y los 5.000 euros. El fraude se cometió en viajes a la Península o el extranjero, pero también con clientes que intentaban regresar a las Islas o llegaban al destino y no podían ocupar la plaza hotelera. La imputada insistía especialmente en que los pagos se hicieran en metálico. La propia acusada reconoció que los declarantes habían sido clientes suyos, excepto uno. La agencia a través de la que se hacían las contrataciones también reclamó una indemnización por valor de 4.000 euros, que fue rechazada. De hecho, uno de los argumentos que utilizó la denunciada para demostrar su inocencia es que los pagos los hacían de forma generalista y que por lo tanto las posibles cancelaciones eran responsabilidad "de terceros". La Sala cree demostrado que en realidad esta agencia no era intermediaria, ya que carecía de permiso para emitir billetes, un extremo que desconocían quienes acudían al negocio. En el fallo se refleja que se dan todos los elementos objetivos y subjetivos del delito de estafa por valerse la imputada de su experiencia.