El juicio con Jurado por el secuestro y asesinato del empresario Raimundo Toledo González empezará el próximo día 22 de enero y en el banquillo se sentarán Sandra P.R., Alexander R.R. y Diego C.G.G.. Para todos ellos, globalmente, la Fiscalía solicita casi 90 años de prisión al considerarlos los presuntos autores de los cargos de detención ilegal, asesinato, robo de uso de vehículo a motor, daños mediante incendio y de simulación de delito. Este caso tuvo gran repercusión social y mediática a finales de 2015. Según las fuerzas de seguridad y la Fiscalía, en la muerte violenta del dueño de la gasolinera TGas de la carretera de El Médano está implicada una familiar política suya (la mujer de un sobrino de Toledo). Una de las hipótesis sobre el móvil del caso es que esa persona pensó que el fallecido podría perjudicar los intereses económicos de su esposo y por ello decidió eliminarlo.

La acusada, además, mantenía una relación extramatrimonial con Alexander R.R., a quien convenció para que vigilara a la víctima y de esta manera elegir el momento más apropiado para eliminarlo. Con este fin, incluso, llegó a adquirir un vehículo y le dio una pistola de aire comprimido que aparentaba ser de fuego. Para dificultar posibles investigaciones policiales utilizaron nuevos teléfonos cuyas tarjetas SIM correspondían a otras personas, según la Fiscalía.

Para garantizar que el plan salía a la perfección llegaron a contactar con el otro investigado, Diego C.G.G., quien presuntamente estuvo de acuerdo en participar en la trama a cambio de dinero. La vigilancia al empresario se centró tanto en la gasolinera situada en la carretera hacia El Médano como en su domicilio, en el centro de Santa Cruz de Tenerife. El plan se concretó en varias reuniones llevadas a cabo en el mes de diciembre de ese año. El día 13 llegaron a la casa de Toledo, donde estuvieron apostados casi cuatro horas hasta que la víctima llegó a su residencia sobre las ocho de la noche. En ese momento, los dos imputados lo asaltaron de forma violenta, lo subieron a su coche y lo obligaron a conducir mediante la fuerza. Pero dada su resistencia, al final lo desplazaron del sillón de piloto y mientras uno de los investigados conducía, el otro se encargó de agarrarlo. De esta manera llegaron hasta el Sur de la Isla a un lugar no determinado, a donde el empresario de 68 años recaló muy debilitado por las agresiones y su avanzada edad.

Finalmente, el Ministerio Público considera probado que ambos causaron su fallecimiento a base de golpes de una gran brutalidad. Los tres imputados mantuvieron comunicación entre ellos con el fin de eliminar pruebas y así el día 15 Alexander R.R. incendió y despeñó el coche de la víctima desde el mirador de La Centinela, por la vertiente de San Miguel de Abona. Y en el maletero estaba el cadáver. La intensidad del fuego hizo que el cuerpo quedara carbonizado hasta el punto de que fue imposible determinar algunas de las lesiones sufridas. Pero los acusados cometieron un error al dejar su propio coche cerca de la vivienda del empresario en Santa Cruz con las llaves puestas en el contacto, la puerta y el cristal abierto. Además, Alexander R.R. se olvidó allí su teléfono móvil. También se hallaron colillas, una bolsa de deportes y otras prendas. Al darse cuenta, Diego volvió a la capital por la noche, pero al ver que la policía estaba en los alrededores decidió abandonar el lugar. Después intentaron quemar ese vehículo, pero cuando acudieron a la calle en la madrugada del día 16 de diciembre ya había desaparecido (lo habían llevado a la Comisaría de Tres de Mayo). En las jornadas posteriores los acusados volvieron a utilizar las antiguas tarjetas SIM con otros números y dejaron de comunicarse entre ellos. El 16 de diciembre Sandra P.R. denunció en la Policía Local de Granadilla la desaparición de su turismo, de la que culpó a una persona que estaba interesada en la compra del mismo y que, según dijo, sabía que dejaba las llaves debajo de las alfombrillas. La mujer fue detenida el 20 de diciembre; Diego C. G. se entregó voluntariamente el 22 y Alexander R.R. hizo lo propio el 29, al ser consciente de que la Policía lo estaba vigilando. Todos ellos permanecen en prisión desde entonces. La Fiscalía pide también que indemnicen a los perjudicados, familiares del fallecido, y cuyas empresas en común quedaron disueltas tras descubrirse los hechos.