La reforma de Dependencia permitirá crear 6.563 empleos en Canarias

Canarias recibirá 237 millones de euros adicionales del Gobierno estatal -79 en 2026 y 158 en 2027- para financiar el nivel mínimo de Dependencia, tras la aprobación en Consejo de Ministros de la aportación económica que el Ministerio de Derechos Sociales distribuirá entre las comunidades autónomas dentro del nivel acordado, una de las vías de financiación del sistema por parte de la Administración General del Estado (AGE). Esta inyección económica permitirá, según las estimaciones del Gobierno, impulsar la creación de 6.563 nuevos empleos en las Islas, reducir en 609 personas la lista de espera y ampliar la atención a 16.565 nuevos beneficiarios. La medida llega en un contexto en el que el Archipiélago cerró el primer semestre del año con 15.802 personas pendientes de recibir la prestación o servicio de Dependencia, una cifra que sitúa a las Islas como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de personas en espera.

El Congreso de los Diputados también dio luz verde el martes al texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que, entre otras mejoras, blinda la financiación del sistema de la dependencia, fijando en la normativa que la AGE tenga que aportar el 50% de la inversión. "Nos alegra que esto esté por fin en un texto normativo, lo que nos permitirá a las comunidades autónomas, y en especial a Canarias, reclamar judicialmente ese 50% si el Estado no lo aporta", manifestó este jueves la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno regional, Candelaria Delgado, instantes antes de la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tuvo lugar en Madrid.

La consejera recordó además que otra de las aportaciones que hizo Canarias a esta normativa es que las prestaciones del sistema de la Dependencia fueran compatibles entre sí. "Esto nos va a ayudar a darle el mejor servicio a la ciudadanía con dependencia", apuntó Delgado. "Ahora nos queda reivindicar ante el Ministerio de Derechos Sociales que la aportación de los cabildos es muy importante y que se tiene que seguir teniendo en cuenta para que a Canarias se le financie el 50%", agregó.

Incrementos en la financiación

En total, sumando los incrementos en la financiación del nivel mínimo con los del nivel acordado, el Gobierno va a alcanzar la mayor inversión de la historia en dependencia: entre 2026 y 2027 transferirá 6.200 millones de euros más a las comunidades para que puedan seguir reduciendo las listas de espera -unas 71.000 personas menos para 2027-, y para atender a más gente -se calcula que en 2027 habrá 417.000 nuevas personas beneficiarias-, al mismo tiempo que pondrán mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras y ofrecer más servicios y de más calidad a los usuarios.

Este aumento histórico tendrá un importante impacto también a nivel laboral, ya que permitirá a los gobiernos autonómicos poder contratar a más personal para sus sistemas de cuidados. Según estimaciones de Derechos Sociales, esta aportación económica ampliada del Gobierno va a suponer la creación de entre 107.735 y 115.050 empleos dentro del sector de la dependencia en toda España.

Respecto a las trabajadoras del sector -la mayoría son mujeres-, además de los puestos laborales de nueva creación, desde el Ministerio de Derechos Sociales se ha trasladado que un objetivo prioritario debe ser que esta ampliación en la financiación que recibirán las comunidades en materia de dependencia se traduzca en una mejora de las condiciones laborales de estas trabajadoras y en mejores salarios, mejor formación y más estabilidad para ellas.

En paralelo, y aunque este Ministerio no tiene la potestad de negociar los convenios colectivos de las trabajadoras del sector, Derechos Sociales ha querido impulsar la mejora de sus condiciones laborales iniciando una mesa de diálogo con sindicatos y patronal para que ambas partes dispongan de toda la información sobre esta nueva financiación y tratar de que los agentes sociales puedan llevar a cabo una mejora inmediata de sus condiciones.