Los profesores ponen fecha a la protesta: Csif amenaza con una huelga nacional en septiembre

El malestar docente se extiende. El sindicato Csif (central sindical independiente y de funcionarios) ha anunciado este martes que a partir del 1 de septiembre, pocos días antes del inicio del curso escolar 2026-2027, convocará una serie de movilizaciones en toda España. La central no descarta, incluso, una huelga de ámbito nacional. Sus responsables se están poniendo en contacto con otros sindicatos para que se sumen a la protesta.

El objetivo es presionar al Gobierno central y a las comunidades autónomas para poner fin a los problemas enquistados del profesorado, que son comunes en todas las autonomías y que están poniendo en pie de guerra estos días a los profesionales de la educación en Cataluña y en la Comunidad Valenciana: excesiva burocracia, alta interinidad, pérdida de poder adquisitivo y falta de profesionales para atender al alumnado con necesidades educativas especiales.

El número de alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo se ha triplicado desde el curso 2011-2012 y ya suponen el 17% de los estudiantes en centros públicos

“La falta de inversión, las escasas retribuciones, la temporalidad, la brecha territorial en el gasto por alumno, la sobrecarga de trabajo, el descontrol de los fondos europeos y la falta de reconocimiento del profesorado están lastrando el sistema educativo”, ha destacado Mario Gutiérrez, responsable de Educación de Csif. El sindicato ha vuelto a reclamar el 7% del PIB para la educación pública no universitaria de manera que el gasto público por alumno (sin incluir la parte autonómica) sea de 7.421 euros.

Estatuto docente

Una de las principales críticas de la central es que el futuro estatuto docente está “paralizado”. Se trata norma que el profesorado lleva décadas esperando y que debe regular la formación, el acceso a la carrera docente y el desarrollo profesional hasta la jubilación. La pieza principal del estatuto es la nueva ley de ratios, que fue aprobada hace semanas por el Gobierno, pero sigue congelada en el Congreso de los Diputados. La “inestabilidad política” del Gobierno central hace peligrar el proyecto, según Csif.

Cuando la ley entre en vigor (si finalmente lo hace), las clases de educación primaria de los centros públicos y concertados tendrán 22 alumnos como máximo (frente a los 25 actuales). En ESO y bachillerato, el tope será de 25 (frente a los 30 actuales). Computará como dos plazas cada estudiante con necesidades educativas especiales, pero solo los que tienen discapacidad física, intelectual o sensorial o trastornos severos, como autismo.

La ley también establece -en este caso, solo para la educación pública- un máximo de 18 horas lectivas semanales en ESO y bachillerato y 23 en infantil, primaria y educación especial. De manera excepcional y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias.

"Los alumnos con espectro autista se han multiplicado casi por seis desde 2011. Se identifican y se detectan mucho más, pero no se atienden"

— Mario Gutiérrez, Csif

Gutiérrez ha destacado que el estancamiento de la ley está frenando la negociación de nuevas medidas, como el incremento de recursos para atender la diversidad del alumnado. Según datos recabados por el sindicato, el número de alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo se ha triplicado desde el curso 2011-2012, y ya suponen el 17% de los estudiantes en centros públicos. Los alumnos con trastorno del espectro autista (TEA) son los que han registrado un mayor crecimiento en los últimos 14 años, dado que se han multiplicado casi por seis. Han pasado de 19.023 alumnos (curso 2011-2012) a 107.977 (curso 2024-2025).“Se identifica y se detecta mucho más, pero no se atiende”, ha insistido el portavoz de Csif, que pide incrementar la actual dotación de especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y Orientación Educativa.

"Descontrol" de fondos europeos

Gutiérrez también ha criticado el “descontrol” de los fondos europeos NextGeneration procedentes de la UE. Las administraciones no han dedicado esas partidas a transformar el sistema educativo ni a mejorar las condiciones del profesorado. Las prioridades políticas, sostiene, han sido la digitalización de centros, la formación del profesorado, las competencias digitales y los programas de inclusión.

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