El Gobierno aprueba la ley que prioriza la gestión pública de la sanidad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que tiene como objetivo blindar la gestión pública de la sanidad y facilitar la reversión de modelos privados como el de Quirón o Ribera Salud. "Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad debe gestionarse desde lo público [...] y que se acabó parasitar la sanidad para el negocio de unos pocos", según ha resumido la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial.

La ley iniciará ahora su tramitación en las Cortes, tras incorporar las aportaciones de los órganos consultivos. La norma prioriza la gestión pública y, para ello, deroga la ley 15/1997, aprobada en la etapa de Aznar, eliminado las vías que han permitido la expansión de las diferentes modalidades de gestión privada en la sanidad española, normalmente a través de grandes grupos como Quirón, HM o Ribera Salud.

Según la exposición de motivos de la ley, la evidencia científica demuestra que la gestión pública ofrece una mayor equidad en el acceso y mejores resultados en salud -con menos hospitalizaciones evitables-, además de garantizar un mayor control y transparencia en el gasto público.

La reversión

La norma fija que la gestión privada pase a tener un carácter excepcional. Para recurrir a ella, las administraciones deberán motivar expresamente que no son capaces de prestar ese servicio y acreditar que la fórmula elegida es sostenible y eficiente. Asimismo, prevé que la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad asesore técnicamente a las comunidades que deseen revertir modelos de gestión privada.

La ley crea, además, varios mecanismos de control como una evaluación previa, obligatoria, antes de la concesión por parte de comités colegiados de expertos; un informe de la Oficina Nacional de Evaluación que asegure la sostenibilidad de la operación y, en caso de empate en las licitaciones, que se priorice al tercer sector, es decir, a las entidades sin ánimo de lucro.

La modificación legislativa llega después de que el pasado diciembre trascendieran unos audios del hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid), perteneciente al grupo Ribera, donde uno de sus ejecutivos pedía aumentar las listas de espera para incrementar los beneficios económicos. Tras el escándalo, el directivo, Pablo Gallart, dimitió.

Los indicadores

Por otro lado, la ley introduce también medidas de buen gobierno, como la publicación anual de indicadores con resultados en salud en todos los centros sanitarios, independientemente de su modelo de gestión. Asimismo, el Ministerio de Sanidad elaborará, en el plazo de un año, un informe de evaluación de las diferentes modalidades desarrolladas desde 1997.

La nueva legislación entrará en vigor a los 20 días de ser publicada en el BOE, si consigue el apoyo suficiente en el Parlamento. En cualquier caso, para garantizar la seguridad jurídica, prevé que los contratos y concesiones que ya estén en ejecución o iniciados se sigan rigiendo por la normativa anterior hasta su vencimiento.

La norma ha sido recibida con "profunda preocupación y rechazo" por parte de ASPE, la Alianza de la Sanidad España, que considera que "limita de forma injustificada la capacidad de gestión de las comunidades y pone en riesgo la colaboración de los distintos actores sanitarios que, durante décadas, han contribuido conjuntamente a sostener la asistancia sanitaria". A su juicio, la ley nace de "un planteamiento ideológico y no de un análisis riguroso de las necesidades de los pacientes y de los desafíos que afronta el sistema sanitario", en un contexto de envejecimiento, incremento de la cronicidad y falta de profesionales sanitarios.

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