León XIV cumple un año de papado con más ajustes que rupturas en una Iglesia en tensión

Pasaban siete minutos de las seis de la tarde del 8 de mayo de 2025 y todavía quedaba sol sobre la plaza de San Pedro. El humo blanco apareció primero sobre la chimenea de la Capilla Sixtina y, apenas una hora después, el cardenal Dominique Mamberti pronunció en latín el nombre del nuevo pontífice. León XIV. No figuraba entre las grandes quinielas, emergió en el cuarto escrutinio y, fuera de los círculos vaticanos, muchos apenas sabían quién era. Pero era el Papa número 267 de la Iglesia católica, el primero procedente de la orden de San Agustín y también el primero nacido en Estados Unidos. Quienes lo habían elegido sabían que aquella nacionalidad no era un matiz menor y que el cónclave no solo buscaba simbolismo: buscaba también una figura capaz de enfriar una Iglesia atravesada por tensiones internas, fatigada por años de enfrentamientos doctrinales y políticos tras las reformas —y los quiebres— del pontificado de Francisco.

Un año después de aquella elección —aniversario que se cumple este viernes—, León XIV ha ejercido el poder así, con esa lógica de equilibrio. Doce meses son apenas un instante para una institución que mide el tiempo con otro calendario moral y político, pero han bastado para definir un estilo: gobernar sin estridencias, contener sin inmovilizar, corregir sin romper. Por ello, su pontificado —al menos, por ahora— se ha movido, sobre todo, en una calculada línea de amortiguación entre las distintas almas de la Iglesia.

En octubre permitió que volviera a celebrarse el antiguo rito tridentino en el altar de la Cátedra de San Pedro, aunque sin derogar las restricciones impuestas por Francisco en Traditionis Custodes. La norma sigue intacta; la práctica, en cambio, se ha flexibilizado. Para unos ha sido una concesión. Para otros, una válvula de escape. En ambos casos opera la misma lógica: aliviar la presión antes de que derive en fractura.

El fantasma del cisma

Incluso en los movimientos económicos hubo un intento de ordenar sin dramatizar. Ejemplo de ello fue el motu proprio del 6 de octubre. Con él, León XIV puso fin a la exclusividad del Instituto para las Obras de Religión como principal actor de las inversiones de la Santa Sede y volvió a reforzar el papel de la APSA, la Administración del Patrimonio del Vaticano, fundada en 1967. No fue una revolución financiera, sino una racionalización del sistema.

Dentro del Vaticano en su conjunto, a diferencia de otros inicios de pontificado, tampoco ha habido grandes ceses ni purgas. León XIV confirmó a todos los responsables de la Curia al llegar, evitando cualquier gesto inicial de ruptura, y en estos doce meses ha hecho más ajustes de engranaje que cambios de dirección. El más importante quizá ha sido el de Paolo Rudelli, una especie de “jefe de gabinete” dentro de los muros vaticanos, quien asumió la Secretaría de Estado para Asuntos Generales, reforzando el eje diplomático y administrativo. Otro ha sido Petar Rajič, nuevo prefecto de la Casa Pontificia.

Pero las tensiones internas —las que llegan desde la derecha, pero también desde el ala más progresista— no solo no desaparecieron: siguieron latiendo bajo la superficie del pontificado. En febrero, los ultraconservadores lefebvrianos —un grupo muy minoritario, pero también muy ruidoso— anunciaron su intención de ordenar en julio nuevos obispos sin autorización de Roma, un desafío de enorme carga simbólica que reabrió el fantasma del cisma. León XIV intentó contener la crisis mediante una mediación encabezada por el prefecto para la Doctrina de la Fe —el antiguo Santo Oficio—, aunque las conversaciones encallaron y dejaron en el Vaticano una inquietud persistente sobre lo que pueda suceder.

Tolerancia cero ante la pederastia

En el frente externo, los abusos sexuales dentro de la Iglesia siguieron funcionando como un telón de fondo constante del pontificado. En noviembre, León XIV insistió en la necesidad de reforzar la “cultura del respeto” y la protección de las víctimas, especialmente de menores. En marzo, nombró al arzobispo francés Thibault Verny al frente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, uno de los organismos más sensibles y observados del Vaticano. La elección no fue casual. Verny, que había trabajado en Francia en procesos de escucha a víctimas y revisión de responsabilidades eclesiásticas tras el impacto del informe Sauvé, representa una figura con experiencia en una Iglesia obligada a enfrentarse públicamente a su propia crisis.

León XIV quiso enviar así un mensaje doble: continuidad en la política de tolerancia cero y, al mismo tiempo, voluntad de dejar de abordar el asunto como una emergencia reputacional para convertirlo en una gestión estructural y permanente de la Iglesia. Algo que coincidió con los movimientos de la Iglesia española para revisar casos y asumir una rendición de cuentas largamente postergada. También con las reuniones mantenidas con los obispos italianos, que han anunciado pasos y estudios preliminares, aunque sigue sin quedar claro hasta qué punto existe una investigación sistemática y transparente sobre la dimensión real del fenómeno.

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