La baliza V-16 podría dejar de ser obligatoria: Vox plantea recuperar los triángulos en carretera

El debate sobre la seguridad vial en España se intensifica en el Congreso. Vox ha presentado una enmienda a una ley impulsada por el PSOE con la intención de cambiar de forma sustancial la norma actual: que la baliza V-16 deje de ser obligatoria y que los triángulos de preseñalización recuperen plenamente su vigencia.

La propuesta del partido plantea que la V-16 pueda utilizarse solo como una alternativa a los triángulos, y no como el único sistema válido. Además, elimina dos de los elementos clave del modelo actual como son la exigencia de conectividad con la DGT y la geolocalización del dispositivo.

¿Qué cambiaría si saliera adelante?

Si esta enmienda prosperara, los conductores podrían seguir utilizando los triángulos reflectantes más allá del 1 de enero de 2026, fecha a partir de la cual la normativa prevé que la baliza conectada sustituya de forma definitiva a ese sistema. Vox quiere justo lo contrario: que ambos convivan y que sea el conductor quien decida qué llevar en el coche.

El partido político defiende que la seguridad vial debe mejorarse con medidas "contrastadas" y con eficacia probada en condiciones reales de circulación, visibilidad reducida o climatología adversa. En esa línea, sostiene que la obligatoriedad de la baliza V-16 solo existe en España y que su efectividad ha sido cuestionada por algunas voces vinculadas a la seguridad vial.

Vox cuestiona que solo España imponga esta baliza

Uno de los argumentos centrales de la enmienda es que la obligatoriedad de la V-16 no se replica en los países del entorno. Vox insiste en que no se entiende por qué el Gobierno no permite que cada conductor elija entre incorporar la baliza de forma voluntaria o seguir utilizando los triángulos clásicos.

La formación plantea así una suspensión de la obligatoriedad mientras, según su criterio, se siguen evaluando otras fórmulas que puedan mejorar la seguridad sin introducir nuevas cargas para familias y empresas.

La ley también abre otros frentes

La misma tramitación parlamentaria ha servido para que otros grupos registren propuestas muy distintas. Sumar ha presentado una enmienda para que las multas de tráfico se ajusten al nivel de renta del infractor y puedan subir hasta un 500% en el caso de quienes superen los 100.000 euros brutos anuales. Esa formación ya había defendido públicamente esa idea en el Congreso.

Por su parte, ERC ha vuelto a plantear que Cataluña asuma la gestión de los exámenes de conducir, un traspaso que los republicanos quieren que se complete en un plazo máximo de doce meses.