El nuevo protocolo Iglesia-Estado destapará más abusos en Canarias

La firma del nuevo protocolo para el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España llega con más de mes y medio de retraso sobre el plazo previsto, pero al final se ha rubricado el documento, en Lunes Santo y antes de la próxima visita prevista del Papa León XIV. Gobierno e Iglesia estamparon ayer las rúbricas en el documento que desarrolla el mecanismo del órgano mixto encargado de indemnizar o reparar a las víctimas de pederastia, cuyas solicitudes podrán presentarse a partir del próximo 15 de abril.

El nuevo marco abre una nueva etapa en un terreno marcado durante años por la presión de víctimas, desacuerdos institucionales y ausencia de una salida compartida. Y lo hace sin fijar «baremos ni cuantías económicas» –como pedían las víctimas– porque se pretende analizar «caso a caso».

El sistema atenderá aquellos casos en los que la vía judicial no ofrece respuestas, ya sea porque los delitos prescribieron o porque el victimario había fallecido y la vía penal se extinguía. En este sentido, «el nuevo marco permitirá que afloren casos de muchas víctimas que nunca denunciaron por estas circunstancias», afirmó ayer Ciro Molina, la única víctima de abusos sexuales en el seno de la iglesia en Tenerife que hizo público su caso y pidió el cese del anterior obispo nivariense, Bernardo Álvarez.

El protocolo «romperá una barrera» que hasta ahora era insalvable, asegura Molina, porque la mayoría de casos denunciados ante la Iglesia encontraba enfrente un muro donde era casi imposible no ya obtener una respuesta encaminada a la reparación, sino el inicio de una investigación seria. En este sentido, y según un informe de la Unidad de Atención a las Víctimas (UAV) de la Oficina del Defensor del Pueblo que dirige Ángel Gabilondo, la Iglesia solo registra nueve de los 22 casos de abusos sexualeso pederastia denunciados por víctimas en las dos diócesis del Archipiélago canario.

Reunir el valor y denunciar

«Muchas víctimas cuando reunían el valor para denunciar no lo hacían porque había pasado demasiado tiempo y los hechos estaban prescritos. Ahora existe un mecanismo con el que creo que podrán dar el paso», afirma Molina.

Las asociaciones de víctimas que impulsaron la reclamación que ahora ve la luz con este protocolo celebran que el mecanismo tome forma, aunque advierten de que el avance llega con retraso y después de un proceso que, a su juicio, «ha incrementado el sufrimiento, la revictimización» de quienes pedían reconocimiento y reparación.

La satisfacción de ahora no elimina, sin embargo, el tono crítico con el recorrido previo, como indican asociaciones como Justice Initiative España, ANIR, AVA y Lulacris, que subrayan que el entendimiento alcanzado pudo haberse producido mucho antes. Recuerdan que, antes de la implantación del plan Priva, se mantuvieron reuniones y se alcanzaron consensos con la Conferencia Episcopal Española (CEE), pero esos acuerdos iniciales quedaron sin efecto cuando «la institución optó por desarrollar de manera unilateral su propio modelo. Desde la perspectiva de los colectivos de víctimas, ese giro contribuyó a «bloquear una solución que estaba encaminada». Y la consecuencia fue prolongar el malestar de las víctimas y retrasar una salida que coincide, en lo esencial, con la idea que éstas habían puesto sobre la mesa desde el principio.

El protocolo incorpora varios elementos que las asociaciones consideran especialmente relevantes. El primero es que las víctimas podrán elegir entre acogerse al nuevo mecanismo mixto o mantenerse en el sistema previo, lo que refuerza su capacidad de decisión. El segundo es que, cuando surjan discrepancias entre las partes, prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo, una fórmula que las entidades interpretan como garantía de imparcialidad. El tercero es que tanto la CEE como la Conferencia Española de Religiosos (Confer) deberán actuar como «garantes finales» de las medidas reparadoras, de manera que ninguna víctima quede desatendida por falta de respuesta de una diócesis o una institución religiosa concreta.

«Caso a caso»

Durante la presentación del nuevo mecanismo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños señaló en varias ocasiones la máxima del «caso a caso», ya que el protocolo sale adelante sin haber fijar baremos o cuantías económicas. El ministro explicó que «si no hay acuerdo, se prevén mecanismos de resolución». Una vez estudiado el caso y escuchadas las partes, la unidad de víctimas elaborará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) «en un plazo máximo de tres meses».

Su propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (Cpriva) para que la evalúe en un plazo máximo de dos meses. Si hay conformidad de las partes (Iglesia y víctima), la propuesta tendrá carácter definitivo y se trasladará a la Comisión Asesora Priva para su cumplimiento y ejecución.

Si alguna de las partes muestra su disconformidad, se convocará la Comisión Mixta, en la que estarán representadas todas las instituciones firmantes así como asociaciones de víctimas, para tratar de alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si eso no ocurriera prevalecerá la valoración del Defensor del Pueblo. «La última palabra la tendrá el Estado y la indemnización de las víctimas será asumida por la Iglesia católica.

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