Los sindicatos piden más medios para garantizar la autoridad de los docentes en las aulas de Canarias

Los sindicatos de Anpe Canarias, Comisiones Obreras (CCOO) y UGT dan el visto bueno a la tramitación de la ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado –una norma que tiene por objetivo proteger y reconocer la labor de los docentes–. Sin embargo, advierten de que su puesta en marcha deberá ir acompañada de recursos, garantías y evaluaciones para que funcione. «El valor añadido a esta ley dependerá de su desarrollo práctico y de su respaldo presupuestario», señaló esta mañana la representante de UGT, Miriam Montesdeoca, durante la Comisión de Educación en el Parlamento de Canarias.

Y es que en realidad, la autoridad del profesorado, que no es otra cosa que la responsabilidad y facultad del docente para gestionar el aula y dirigir el proceso de enseñanza, ya está reconocida en la normativa vigente. Por este motivo, el presidente de Anpe Canarias, Pedro Crespo, aclaró que el debate no debe centrarse en el reconocimiento formal de este derecho y deber, sino en asegurarse de que cuente con respaldo efectivo, protección jurídica ágil y confianza institucional. «La ley solo será útil si va más allá de lo simbólico y se traduce en medidas concretas, aplicables y eficaces», recalcó.

Montesdeoca, en esta misma línea, agregó que la cuestión fundamental está en que la autoridad docente sea operativa, coherente y eficaz en la práctica cotidiana de los centros educativos, ya que no siempre es así.

Conflictos en las aulas

La propuesta de ley se enmarca, según Crespo, en un contexto de aumento del malestar docente. La conflictividad en las aulas ha aumentado un 60% en los últimos cuatro años, según los datos de su organización, y se incluye agresiones físicas graves – aunque no son las que predominan–, insultos verbales, grabaciones no consentidas o campañas de descrédito.

«Más del 50% de los docentes que atendimos el curso pasado presentó ansiedad, un 15% sufrió cuadros depresivos y un 26% tuvo que estar en situación de incapacidad temporal», agregó. Una situación que para Montesdeoca no representa que el sistema educativo esté marcado por una violencia física estructural, pero sí evidencia una complejidad creciente.

Propuestas

La proposición de ley ya cuenta con un borrador. Sin embargo, los sindicatos tuvieron la oportunidad de comunicar sus propuestas a los portavoces de los partidos. Crespo, por ejemplo, propuso reforzar el contenido de la ley en cuatro ámbitos fundamentales. En primer lugar, señaló que la protección jurídica y psicológica debe ser real y ágil. «No pueden existir barreras burocráticas que impidan la protección del docente», indicó.

También destacó la importancia del respaldo institucional e hizo especial hincapié en reforzar el principio de presunción de veracidad del docente –ya que la autoridad del profesorado otorga, a su vez, la condición de autoridad pública–. «Ante una denuncia, el docente no tiene por qué sentir una presunción implícita de culpabilidad», mencionó.

Mejoras laborales y retributivas

Por otro lado, pidió mejoras en las condiciones laborales y retributivas. «No podemos hablar de respeto a la labor docente sin abordar la recuperación de poder adquisitivo que se ha perdido», detalló. Y enumero la reducción de la temporalidad, la equiparación del sistema de pagos de sexenios y la actualización de los complementos congelados como algunos de los aspectos a tratar.

Por último, Crespo pidió más reconocimiento social e institucional. «La ley debería contemplar el deber de la administración de poner en marcha campañas sostenidas en el tiempo que visibilicen la aportación social del profesorado», matizó.

Asistencia jurídica en 24 horas

La representante de UGT, en cambio, exigió que la ley contemple la activación automática de la asistencia jurídica en un plazo máximo de 24 horas –ya que en la actualidad no se garantiza su activación sin demora u obstáculos–. Y solicitó cobertura completa de responsabilidad civil y medidas organizativas cautelares e inmediatas para proteger al profesorado ante cualquier agresión o amenaza infundada. «La administración debe asumir la defensa institucional de sus profesionales cuando se produzcan incidentes derivados del ejercicio de sus funciones», sentenció.

Por otro lado, Montesdeoca reclamó la actualización del protocolo de actuación para los casos de agresiones al personal docente, que data del año 2009, y pidió que se amplíe su alcance a amenazas graves y agresiones verbales o digitales. También propuso la creación de unidades públicas de apoyo psicológico con implantación efectiva en todas las Islas. En el ámbito laboral, la representante coincidió con Crespo y puntualizó que «la autoridad pública debe ir acompañada de un reconocimiento laboral y retributivo».

Por último, la secretaria general de la federación de enseñanza de CCOO, Flor Acosta, mostró sus dudas con la nomenclatura de la ley. «Se puede llegar a confundir autoridad con autoritarismo», indicó. No obstante, considera que se trata de una norma necesaria y solicitó su aplicación a la educación concertada. «Proponemos mejorar el ámbito de aplicación y extender esas medidas de apoyo y prevención a todos los centros sostenidos con fondos públicos», concluyó.

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