La Fiscalía mantiene penas de 25 y 22 años de cárcel para dos patrones

Dos migrantes senegaleses afrontan una dura pena de prisión de 25 y 22 años, respectivamente, si el tribunal de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife dicta una sentencia condenatoria en los mismos términos que ha mantenido el fiscal durante todo el procedimiento y que ratificó ayer en su informe de conclusiones definitivas.

La Fiscalía les acusa de guiar un cayuco hacia Tenerife en junio de 2025 con 67 personas, aunque fue rescatado en alta mar por un crucero. En la barquilla, en ese momento se hallaron los cadáveres de tres migrantes que perecieron por las duras condiciones del viaje que se prolongó alrededor de 22 días quedándose sin comida ni agua al menos durante los últimos cuatro o cinco días. Cuatro de los supervivientes sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital al llegar a tierra, falleciendo uno de ellos durante su ingreso.

Las principales pruebas que maneja el fiscal son los testimonios de dos de los 14 ocupantes del cayuco que fueron entrevistados en los primeros momentos tras llegar a tierra y varias fotografías del momento del rescate por la tripulación del crucero, en las que se ve a los acusados supuestamente poniendo orden entre los ocupantes de la barquilla mientras se agarran a los cabos que les unían al buque.

La segunda y última sesión de esta causa se centró en uno de los viajes más trágicos de la ruta entre África y Canarias, en la que permanecen como acusados otras tres personas más que serán juzgadas en una pieza separada y para las que el Ministerio Fiscal solicita que sean condenados a penas de de prisión de hasta 22 años.

El fiscal interesa que de forma solidaria abonen indemnizaciones que suman 150.000 euros para los familiares de los cuatro migrantes fallecidos y otros 5.800 euros para los tres viajeros que resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados.

Falta de pruebas

Las defensas, sin embargo, lamentaron la «absoluta» falta de pruebas concluyentes en este caso y creen que la petición de condenas se basa en testimonios cuya premisa es la de «acusar por acusar» y declaraciones de testigos que habrían sido manipulados, por lo que las dos abogadas reclamaron la absolución de ambos acusados.

Sara Rodríguez, una de las abogadas defensoras, recordó que los relatos de los testigos apuntan más bien a que «la única persona reconocida como patrón habría fallecido» durante el viaje, con lo cual, la indemnización a su padre «iría dirigida a mantener o financiar a las mafias que operan en los puntos de origen».

También existen sospechas de que en realidad quienes ejercieron estas labores fueron otros dos tripulantes que ingresaron en el hospital, uno de los cuales dio un nombre falso, se les dio el alta médica y luego se les perdió la pista.

Los peritos señalaron que las muertes y lesiones tienen su origen en fallos multiorgánicos debido a la falta de comida y agua y por haber permanecido inmovilizados durante los 22 días que duró la travesía, la mitad de los cuales se habían quedado sin reservas, ni gasolina.

En las pruebas preconstituidas -las declaraciones de los testigos que no comparecieron ahora en la vista oral- se escuchó que la mayoría de los entrevistados aseguraba desconocer quienes dirigían la embarcación por la situación en la que estaban sentados, alguno observó cómo tiraban cuerpos de fallecidos al mar, especialmente a uno que sí identificaron como el responsable de repartir la comida.

Otros declararon que habían recibido una serie de «consejos» antes del viaje pero no instrucciones, como llevar su propia comida, bebidas y un salvavidas y asegurarles que la travesía duraría menos de una semana.

Uno de los acusados declaró que era comerciante, desconocía cualquier aspecto relacionado con la navegación, ni siquiera sabía nadar, y el otro aseguró que era albañil, que optó por emigrar dado que sufría persecución política y los dos dijeron que habían pagado por el viaje como los demás.

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