El rector de la ULL pide disculpas a los consejos sociales

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha aclarado la polémica generada tras la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso presentado por el Defensor del Pueblo, a instancias de las máximas instituciones educativas provinciales, tras la aprobación por parte del Parlamento de Canarias de la nueva Ley de Coordinación del Sistema Universitario. Los puntos exactos a los que hace referencia el recurso de las universidades son los relativos a titulaciones oficiales y centros, retribuciones del personal investigador, acceso a datos personales, admisión y permanencia del alumnado y transferencia del conocimiento.

Esta apelación no fue lo que agitó el avispero: todo viene a raíz de las posteriores declaraciones emitidas por parte del rector García en las que afirmó: «Todos creemos que se planteaban dudas sobre contenidos que pueden no ajustarse a la Constitución», dijo, haciendo alusión a la plenitud de las partes que componen el organismo educativo.

Por parte de la presidencia de los consejos sociales, se emitió un comunicado en el que aseguraron que es «rotundamente falso» que desde los órganos de participación social se haya «producido una declaración pública ni privada alguna en ese sentido». Exigieron una rectificación por parte de la máxima autoridad de la institución lagunera por atribuir a estas presidencias «una posición inexistente».

García declaró ayer a este periódico que, al hablar sobre una percepción compartida sobre la existencia de dichas incertidumbres constitucionales, su intención fue referirse «a un clima general de debate jurídico legítimo, no atribuir a las presidencias de los consejos sociales de la ULL y la ULPGC esas dudas».

Debido a esto, Francisco García se disculpó por el malentendido generado a raíz de su testimonio, expresando que no era esa su intención y que lamenta «la confusión que haya podido generarse». Según sus declaraciones, ha transmitido este mismo mensaje a las presidencias de ambos órganos para actuar «con la lealtad y el respeto que debe primar» en sus relaciones con los consejos sociales. De igual manera, aprovechó para añadir que comparte «el énfasis que el comunicado pone en la cooperación, la lealtad institucional y el respeto mutuo», y señaló que la defensa de la autonomía universitaria y el fomento de la participación social «no son objetivos contrapuestos».

Por su parte, Lluís Serra, rector de la ULPGC, aseveró que la cordialidad entre los organismos educativos «siempre ha sido ejemplar», entendiendo que todo se trata de un malentendido. De igual manera, añadió que, en el momento del trámite de la ley, ya se advirtió que ciertos puntos podrían ser anticonstitucionales y que cree que se debe «esperar a lo que digan las partes y enfriar el tema».

Suscríbete para seguir leyendo