De mujer a hombre, y vuelta: la transición de género de una asturiana, camino de los tribunales

Nació mujer. Decidió cambiarse de sexo a los 19 años. Se sometió a un tratamiento hormonal y se le extirparon los pechos (mastectomía y masculinización de tórax). A los 30 años, se arrepintió del cambio y se sometió a una reconstrucción mamaria.

Ahora, reclama al Servicio de Salud del Principado (Sespa) una indemnización de 55.268 euros por las “secuelas irreversibles a nivel físico y psicológico” que sufre “al ser sometida a tratamientos hormonales y quirúrgicos de cambio de sexo”, con arrepentimiento posterior, a consecuencia de “un erróneo diagnóstico de disforia de género”. También denuncia que fue deficiente el acompañamiento psicoemocional por parte del sistema sanitario público.

Infancia difícil

Nacida en 1993, sus padres se divorciaron cuando tenía cuatro años. Entre septiembre de 2003 y marzo de 2004 estuvo bajo la tutela del Principado por hallarse en situación de “desamparo”. En enero de 2010, con 16 años, ingresa en la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Al alta de dicho ingreso, al mes siguiente, recibe un diagnóstico de trastorno de la identidad sexual y problemas relacionados con el ambiente social y con hechos negativos en la niñez.

En mayo de 2010 ingresa nuevamente en la Unidad de Psiquiatría tras una ingesta de medicación con intención de quitarse la vida. Durante su ingreso, “se mantuvo cabizbaja y prácticamente mutista, minimizando sus problemas y negándose a profundizar en estos”, señala su abogado.

Pese a ello, añade el letrado de la mujer, “sin más y sin terminar de indagar, se mantuvo el primer diagnóstico”. De hecho, puntualiza, “apenas un mes después de la tentativa de suicidio, en junio de 2010, fue derivada a la Unidad de Tratamiento de Identidad de Género del Principado de Asturias (UTIGPA)" -que tiene su sede en el Hospital San Agustín de Avilés-, porque “parece que una parte importante de sus problemas están relacionados con su trastorno de la identidad sexual”.

El cambio registral se produjo en marzo de 2015, con casi 21 años. Ocho años más tarde, en octubre de 2023, manifestó su arrepentimiento y su deseo de detransicionar y de ser tratada como una mujer, lo que, según su abogado, “no puede caracterizarse como un pensamiento aislado y momentáneo”.

¿Estaba en condiciones de tomar esa decisión?

La paciente y su abogado sostienen que “no parece congruente (…) que fuera derivada a la citada Unidad en ese momento". Argumentan que "es bien sabido que alguien con sintomatología depresiva y en esa situación de grave fragilidad social y ausencia de colaboración no suele presentar una capacidad decisoria íntegra ni se debe hacer un diagnóstico de posible trastorno de la identidad sexual, despreciando todos los factores sociales y vitales comórbidos, así como las ideas e intento autolítico y la sintomatología depresiva de carácter crónico que presentaba”.

¿Dónde estribó el fallo? A juicio del letrado y su cliente, en que “la grave fragilidad social y situación de desamparo sufrida por la paciente, así como los antecedentes de violencia intrafamiliar y sintomatología depresiva grave (…), condicionaron su toma de decisiones”.

El abogado de la mujer asevera que “el apoyo que recibió durante su transición fue escaso e insuficiente, tanto que no se supo apreciar que aquello que realmente precisaba no era iniciar una transición”. Y agrega que “no consta que (…) recibiera un apoyo psicológico exhaustivo y completo durante este proceso (…); de hecho, en mayo de 2014 optó por pedir cambio de terapeuta para psiquiatría porque no sentía que le estuviesen brindando el apoyo que precisaba”.

Informe pericial solicitado por la aseguradora del Sespa

A raíz de la reclamación económica que la paciente hace al Sespa, la compañía aseguradora del Sespa solicitó a una psiquiatra un informe pericial, librado en abril de 2025. Esta especialista señala que el diagnóstico de disforia de género estaba “acreditado (…) al cumplir los criterios clínicos de dicho cuadro”. Y puntualiza que “la paciente era tímida y retraída socialmente, pero no estaba diagnosticada de discapacidad intelectual o síntomas en esfera emocional o psicótica que limitasen su capacidad de juicio y realidad y por tanto su capacidad para toma de decisiones”. Y concluye la psiquiatra que “no hubo diagnóstico erróneo, ni mala praxis por parte de los profesionales que atendieron a la reclamante”, y además rechaza la existencia de secuelas.

Dictamen del Consejo Consultivo

El Sespa solicitó al Consejo Consultivo del Principado de Asturias un dictamen sobre el procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración regional. Y el Consultivo estima que el Sespa “ha acreditado la buena praxis en el procedimiento diagnóstico y en el ulterior seguimiento de la paciente, a cuya disposición se pusieron todos los medios que ofrece al efecto el servicio público sanitario”.

En consecuencia, sostiene que los daños reclamados, derivados de la mastectomía electiva practicada en la sanidad privada -a instancia y a costa de la paciente-, “no pueden conectarse causalmente con el funcionamiento del servicio público”. Por todo ello, “la reclamación presentada ha de ser desestimada, teniendo en cuenta que es intempestiva y que no existe nexo causal entre el funcionamiento del servicio público sanitario y los daños cuyo resarcimiento se solicita”.

Ahora toca ver si la paciente, ante la negativa del Principado a indemnizarla, decide acudir a la justicia para lograr su resarcimiento.

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