Los consejos sociales tildan al rector de la ULL de desleal

Los Consejos Sociales de las universidades de La Laguna (ULL) y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) tildan las declaraciones vertidas por el rector lagunero, Francisco García, de desleales e irrespetuosas después de que éste se mostrara «satisfecho» por la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que ha admitido a trámite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo a instancias de las universidades públicas de las Islas, que consideran que la norma vulnera la autonomía universitaria y genera inseguridad jurídica. El responsable de la institución lagunera aseguró que tanto la vicepresidenta del consejo de la ULL como la presidenta del de la ULPGC celebraban también la decisión del TC porque «todos creemos que se planteaban dudas sobre contenidos que pueden no ajustarse a la Constitución».

En un comunicado emitido ayer por ambos consejos sociales, éstos consideran «especialmente grave» que el rector haya afirmado que tanto las instituciones académicas como los propios consejos sociales hayan valorado la decisión del TC de revisar la norma autonómica. Afirman que esa posición es «inexistente» y que la declaración del rector «carece de rigor institucional» y «compromete la necesaria lealtad y respeto entre los distintos órganos que conforman el sistema universitario canario». Recuerdan, además, que precisamente estos principios «deben presidir de manera inexcusable la actuación de quienes ostentan responsabilidades públicas de primer nivel».

De hecho, insisten en la necesidad de que García se retracte de sus afirmaciones. «Se considera imprescindible una rectificación pública, expresa y clara de las manifestaciones realizadas».

«No se ha producido declaración pública ni privada, ni existe pronunciamiento institucional que avale tal afirmación»

Las presidencias de los consejos sociales lamentan que este tipo de declaraciones puedan suponer un «ejercicio inaceptable de instrumentalización institucional» que ahora podría contribuir a generar confusión en la ciudadanía y a distorsionar el debate público, «trasladando a la opinión pública una imagen que no se corresponde con la realidad de los hechos».

Los consejos sociales de la ULL y la ULPGC recuerdan que fue el Parlamento de Canarias el encargado de aprobar el pasado mes de julio la citada ley, «sin perjuicio de que puedan existir debates jurídicos posteriores en los cauces que prevé el Estado de Derecho». «Este respeto institucional ha sido una constante en la actuación de los consejos sociales y lo seguirá siendo», avanzan en el mismo comunicado y solicitan que se restablezca la verdad de los hechos para, así, «evitar interpretaciones que puedan causar un daño reputacional innecesario, erosionar la confianza ciudadana y debilitar la cooperación institucional, afectando a la imagen del sistema universitario público canario en su conjunto». «La defensa de la autonomía universitaria no puede ni debe hacerse a costa de la verdad ni del respeto institucional», concluyen.

«Se trata de una afirmación que carece de rigor institucional y que compromete la lealtad y respeto entre los distintos órganos del sistema»

De este modo, insisten en desmentir las declaraciones realizadas por el rector lagunero, quien aseguraba que las presidencias de ambos órganos habían «celebrado, compartido o respaldado» la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo contra determinados preceptos de la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. «No se ha producido declaración pública ni privada alguna en ese sentido, ni existe pronunciamiento institucional que avale o coincida con tal afirmación», afirman.

No obstante, ambos órganos «respetan plenamente» el derecho de los rectores de la ULL y la ULPGC a promover las iniciativas jurídicas que estimen oportunas pero ello «no implica compartir la tesis de una eventual inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Parlamento de Canarias», afirman de manera conjunta en el comunicado que vuelve a demostrar que la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias ha causado polémica desde antes incluso que se aprobara el pasado mes de julio por parte del Parlamento autonómico.