Tres policías para proteger a 440 víctimas de violencia de género en Tenerife

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife tiene serios problemas de personal y recursos materiales para atender con eficacia a las víctimas de violencia de género que requieren de algún tipo de protección.

La Unión Federal de Policía (UFP) asegura que dicho grupo de la Comisaría Provincial cuenta en la actualidad con tres agentes operativos para atender a 440 mujeres afectadas. La plantilla debería ser de cinco, pero, aún así, ese número de funcionarios está muy alejado de lo recomendado para afrontar una realidad tan delicada.

Los tres profesionales de la Unidad deben atender cada uno a 147 usuarias del servicio. A juicio de la UFP, esa carga de trabajo resulta «inasumible y está muy alejada de las recomendaciones realizadas por la UFAM de Madrid, que sitúan la ratio adecuada en torno a 40 víctimas por funcionario».

Es decir, los policías nacionales de la Unidad en Tenerife asumen casi cuatro veces más usuarias del sistema Viogen de lo aconsejable para dar un servicio eficiente de protección y seguridad.

Turnos o vacaciones

Y tal escasez de agentes provoca que en determinados turnos, o bien ante permisos o vacaciones, se queda un único agente operativo para atender situaciones de extrema gravedad.

De hecho, esta circunstancia ha obligado a detraer efectivos de la UFAM dedicada al ámbito de la investigación para realizar custodias en casos de riesgo extremo, con lo que se debilita aún más otras áreas esenciales y compromete la eficacia global de la prestación, comentan desde el sindicato.

Delitos sexuales o menores

Para la UFP, existe una realidad insostenible, que afecta de forma directa a la calidad del servicio policial y pone en serio riesgo la atención, el seguimiento y la seguridad de las perjudicadas por casos de violencia de género, violencia doméstica, delitos sexuales o menores de edad. Recuerda el sindicato que esta unidad asume funciones de máxima sensibilidad y especialización, sin contar con los agentes y los medios adecuados.

Advierte de que, a dicha sobrecarga estructural, se ha añadido la imposición de servicios extraordinarios, como el denominado Punto Violeta durante los carnavales en Santa Cruz, «que ha sido implantado sin refuerzo de personal», con lo que se incrementa aún más la presión sobre una unidad que, de forma clara, está infradotada.

Además, se registra un agravio comparativo, según la organización sindical, puesto que el puesto de información y asesoramiento sobre la violencia machista no se impone durante los carnavales en otras provincias, como la de Las Palmas, a pesar de que tiene eventos y problemas de similares características.

Sin coche propio

Pero hay más. La UFAM dedicada a la protección de mujeres y menores carece de vehículo policial propio, «lo que dificulta de manera grave valoraciones de riesgo, acompañamientos y actuaciones urgentes; eso implica que se pone en peligro tanto a las víctimas como a los propios agentes», según denuncia la UFP.

Tampoco cuenta con dependencias adecuadas que garanticen la confidencialidad, la seguridad y la dignidad necesarias para la atención integral a las usuarias del servicio.

Investigación

En el caso de la sección de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer que se encarga de la investigación de casos graves, su plantilla se ha reducido de diez a siete agentes. La consecuencia es que hay retrasos, acumulación de expedientes y una merma evidente en la calidad de la prestación que se brinda a las afectadas.

El sindicato aclara que este asunto resulta muy preocupante en el grupo de menores, donde la falta y deterioro de los medios materiales dificulta investigaciones de extrema sensibilidad.

Estas deficiencias han sido puestas en conocimiento del comisario que lleva la Jefatura de la Brigada Provincial de Policía Judicial, sin que, hasta el momento, se haya ofrecido respuesta alguna, explica la UFP.

Delegación del Gobierno

Por esa razón, la organización sindical exige a la Delegación del Gobierno en Canarias la adopción inmediata de medidas correctoras, como el refuerzo urgente del personal, cubrir las vacantes, dotación de vehículos y medios adecuados, así como una reorganización que garantice la atención digna y continuada a las víctimas.