Las víctimas de pederastia acogen con cautela el pacto con la Iglesia: "Vigilaremos y seremos críticos"

Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia acogen con cautela el acuerdo que este jueves han sellado el Gobierno español y la Conferencia Episcopal Española para reparar económicamente a las personas que han padecido la pederastia de la institución religiosa. “Es positivo, tiene puntos fuertes pero también débiles”, ha resumido el activista Miguel Hurtado, primer denunciante de abusos en la Abadía de Montserrat.

Para Manuel Barbero, el padre del exalumno con el que arrancó el Caso Maristas, el primer escándalo de pederastia destapado en España por este diario en 2016, el anuncio es “un hecho histórico”. Barbero cree que se ha abierto “una puerta” que va a permitir a muchas víctimas “mitigar su dolor”.

El plazo de un año para atender a las víctimas y la falta de un baremo son dos de los puntos débiles del acuerdo en opinión de las víctimas

Barbero, que junto a Hurtado y otras personas que defienden los intereses de las víctimas se va a reunir este viernes con el Ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que los activistas estarán pendientes del cumplimiento del acuerdo. “Seremos críticos con su trabajo”, ha prometido.

Para Enric Soler, exalumno del colegio de los Jesuitas de Casp de Barcelona y unos de los protagonistas del documental ‘La Fugida’, deberá valorarse lo que se ha firmado este jueves más adelante. Por el momento, “solo son palabras, y queremos hechos”. Soler asegura que no confía en los políticos ni en la Iglesia ni tampoco, en consecuencia, en un acuerdo alcanzado por ambas partes.

Los puntos fuertes: que medie el Defensor del Pueblo y que quien pague sea la Iglesia, no el Estado

Tanto Soler, como Hurtado y Barbero han recordado que el trabajo no está terminado aún porque la Iglesia sigue sin ser transparente con los casos que conoce y el Gobierno aún no ha aprobado el cambio en el Código Penal que debe impedir que prescriban este tipo de abusos.

Los puntos débiles

Entre los puntos débiles del acuerdo está, por ejemplo, el hecho de que se aspire a atender a todas las víctimas en solo un año de tiempo. “No es suficiente. Muchas personas necesitarán más tiempo. Intentaremos que eso se rectifique”, ha señalado Barbero.

En el acuerdo tampoco ha quedado claro qué baremo se usará para indemnizar. En el Caso Maristas la justicia ordenó que las cuatro víctimas que fueron reparadas recibieran una compensación económica equivalente a la que se usa en los accidentes de tráfico. Y el resto de personas indemnizadas en una comisión posterior, organizada tras la presión de Barbero por la propia congregación marista para atender a las víctimas con denuncias ya prescritas, de nuevo las cantidades se calcularon usando un marco similar.

En Irlanda se han llegado a pagar indemnizaciones de más de 300.000 euros, recuerda Hurtado, una cifra que triplica la más alta que se ha abonado en España a una víctima violada por sacerdotes. Si no se incluye un baremo claro en el pacto, la Iglesia puede seguir pagando cantidades “irrisorias”, critica Hurtado.

Puntos fuertes

El principal punto fuerte del acuerdo es que las víctimas serán atendidas por el Gobierno y no por la propia Igleisa. En concreto, por el Defensor del Pueblo. “Hay víctimas de abusos que han sido atendidas por la Iglesia y que han acabado más traumatizadas”, asegura Hurtado.

También es positivo que el pacto deje claro que quien va a pagar será la Iglesia y no el Estado. “¿Qué sentido tiene que las víctimas deban ser indemnizadas con los impuestos de todos, entre los que se encuentra el dinero aportado por las propias víctimas como ciudadanos?”, se pregunta Hurtado. “El dinero debe salir de las arcas de la Iglesia”, aplaude el activista.

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