Canarias suspende en inserción laboral: el empleo solo llega a uno de cada diez isleños con discapacidad

En Canarias, solo una de cada diez personas con discapacidad (11,2%) tiene un empleo. Así se desprende del último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), que además recoge que el 76,3% de este colectivo cobra una pensión contributiva de la Seguridad Social, mientras que otro 6,6% combina ambos ingresos (alta laboral y pensión).

El dato del Archipiélago es solo unas décimas menor que la media de España (11,4%), pero es notablemente inferior al de otras zonas como la Comunidad de Madrid (17,9%) o la Región de Murcia (13,2%). En el otro extremo, también hay regiones, como Galicia (7,7%) o Andalucía (8,3%), que ni siquiera alcanzan el 10%.

Aunque el empleo solo llegue al 11% de este colectivo, lo cierto es que se trata de la mayor cifra registrada, al menos, desde 2016. En línea con la tendencia nacional, la situación laboral de las personas con discapacidad en las Islas ha mejorado con el paso de los años. En 2023 –último periodo con datos–, el 11,2% tenía alta laboral, frente al 10,9% de 2022 y al 9,2% de 2021.

La peculiaridad de las Islas

La Fundación Adecco, en un informe publicado este año, resalta que los isleños con discapacidad enfrentan una barrera adicional que dificulta, aun más, su plena inclusión: las altas tasas de desempleo registradas históricamente en el Archipiélago, superiores a la media nacional.

Al respecto, el consultor de Integración de la Fundación Adecco en Canarias, Alejandro García, señala que el principal condicionante para este colectivo, especialmente vulnerable, es la falta de formación. «Esto viene de una tradición, la gente con discapacidad apenas tenía acceso a estudios superiores; por suerte, las nuevas generaciones están trabajando mucho en esto y cada vez hay más opciones, tanto en Formación Profesional (FP), como en la universidad», argumenta.

Cultura de la sobreprotección

El 29,6% de la población total de las Islas tiene estudios universitarios, un porcentaje que cae hasta el 12,1% entre las personas con alguna minusvalía. Detrás de estos datos, subraya, también hay una cultura muy arraigada de la sobreprotección.

La inserción laboral también se complica en el Archipiélago por otra particularidad: siete de cada diez (71,6%) canarios con discapacidad están fuera del mercado laboral, la cifra más alta de inactividad de todo el territorio nacional. Las Islas están bastante lejos de otras regiones como Cantabria (45,1%) o Comunidad de Madrid (41,5%), donde casi la mitad de estas personas tiene trabajo o está buscándolo. En concreto, de los 97.500 isleños con alguna minusvalía, solo 27.700 están activos. «La discapacidad es muy amplia, en nuestra comunidad, el 54,4% tiene reconocido un grado superior al 64%, por lo que para participar en el mercado laboral necesitan un nivel de adaptación mucho mayor», advierte García.

¿Quién tiene la culpa?

En esta línea, también defiende que las empresas tienen parte de la culpa, pues muchas no están sensibilizadas con la integración de la discapacidad dentro de sus equipos. Así, añade, el tejido productivo de las Islas está compuesto casi en su totalidad por pequeñas y medianas empresas, que no llegan a tener 50 empleados. Estos negocios, por tanto, no se ven obligados a reservar un 2% de la plantilla a personas con discapacidad, ya que la ley solo lo exige cuando se supera el medio centenar de trabajadores.

De hecho, en 2024, el 66% de los contratos a isleños con discapacidad se suscribieron en centros especiales de empleo, mientras que solo un 34% se produjo en empresas ordinarias. Estos espacios, según apunta, son una herramienta «maravillosa y fundamental» para promover la inclusión. Sin embargo, deberían funcionar como un puente que estas personas utilicen para saltar a un trabajo ordinario, una función que no están cumpliendo en muchos casos.

Fomentar el transporte

Para el consultor, la inserción es una asignatura pendiente que solo puede abordarse «a cuatro o más manos». La Administración debe potenciar todos los programas integrales de empleo porque los jóvenes, sobre todo, se incorporan al mercado laboral sin saber cómo afrontar ese paso. A su juicio, los entes públicos también tienen que fomentar la movilidad, en especial, con el transporte público. «La mayoría de personas con discapacidad no tiene coche, por lo que depende mucho de la guagua o el tranvía y, si no tiene servicios para acceder a zonas turísticas como Adeje o a polígonos industriales como el de Güímar, tampoco podrán aceptar el puesto», razona.

Por otro lado, las empresas deben estar más concienciadas, para derribar el estigma social que durante muchas décadas ha arrastrado la discapacidad. Según señala, «a veces, para adecuar el puesto a estos perfiles, solo necesitan un taburete u otro cambio insignificante que pueden afrontar sin ningún problema».

En este último aspecto tiene que incidir el tejido asociativo, a través de un trabajo en red y con datos compartidos. «No podemos pensar en que este es mi candidato; tenemos que poner a la persona en el foco siempre», destaca. Por último, también es importante que, tanto las familias como el propio usuario, potencien y apoyen esta inserción al mercado laboral.

Suscríbete para seguir leyendo