Las exmonjas de Belorado recurren la prohibición judicial de acercarse a las hermanas ancianas: "Es inaudito"

La custodia y cuidado de las hermanas mayores del Monasterio de la monjas clarisas cismáticas de Belorado (Burgos) se ha convertido en un nuevo escenario de batalla entre las exhermanas y el Comisario Pontificio. El Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao acordó ayer prohibir tanto a las monjas cismáticas como sus abogados que se aproximen a sus antiguas hermanas como medida de protección, dada la avanzada edad de éstas.

El pasado 18 de diciembre, tras la intervención de la autoridad judicial, un médico forense y la Guardia Civil para rescatar a las hermanas mayores del Monasterio de Orduña, los facultativos del Hospital Universitario Basurto de Bilbao realizaron una evaluación de su estado de salud.

Tras realizarlo, decidieron el ingreso de tres de ellas debido "al gran deterioro en que se encontraban por las condiciones insalubres, precarias y deficitarias en las que vivían y que ellas mismas han manifestado". Las otras dos hermanas, que no quedaron ingresadas, empezaron a participar en la vida de los Monasterios de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu que las acogieron.

La decisión judicial no ha sentado nada bien a las monjas cismáticas, cuyo abogado, Florentino Alaez, ha sostenido este miércoles en declaraciones a Efe que esa medida judicial es algo "inaudito", ya que deja a esas monjas mayores sin posibilidad de defensa.

El letrado ha incidido en que la medida busca que "las mayores no puedan ser manipuladas", aunque ha insistido en que ellos, como abogados, representan a las mayores.

Alaez ha explicado también que otro abogado de las exmonjas había pedido a la jueza que autorizase poder visitar a las mayores, aunque fuera acompañado de alguien de la federación, solicitud que les ha sido denegada.

La decisión del Juzgado de Bilbao, conocida ayer, se plantea como una medida cautelar, y se extiende a los abogados y procuradoras de las exmonjas disidentes, según informó en un comunicado la Oficina del Comisario Pontificio, que la Santa Sede designó para resolver el cisma y que es el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.

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