Canarias aprueba una partida de 1.132 millones para atender la dependencia: nuevos precios por plaza y un protocolo para urgencias

El Gobierno de Canarias aprobó este miércoles una partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para costear los nuevos convenios de dependencia con los cabildos insulares. Estos acuerdos entre instituciones entrarán en vigor con carácter retroactivo a enero de este año y se extenderán hasta 2028. La financiación destinada durante estos cuatro años servirá, sobre todo, para actualizar el precio por plaza en los distintos servicios sociales. La subida de estos importes responde a una demanda histórica de las entidades, que desde hace tiempo exigían equiparar las cuantías por usuario al coste real de cada servicio.

A la cifra aprobada este miércoles en Consejo de Gobierno, hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros que realizan los distintos organismos insulares. ¿El resultado? La mayor inversión al Sistema de la Dependencia que se ha hecho en Canarias.

Cada isla tendrá un convenio -y un precio- acorde a sus necesidades. En Tenerife, por ejemplo, el Cabildo aprobó este miércoles su nuevo marco jurídico-financiero, que contará con la mayor inversión de su historia en Dependencia (692 millones, 202 aportados por la propia Institución) y que permitirá crear 569 plazas sociosanitarias.

Nuevas cuantías

El documento también contempla que el precio por plaza en residencias para mayores de alto requerimiento pasaría de los actuales 86 euros a 106,39 en 2028, con un incremento inmediato en 2025 de 94,06 euros. Además, en los hogares funcionales -un servicio para atender a personas con discapacidad- se pasarán de 74 a 124,32 euros por plaza.

En el convenio también se incluye, como novedad, un protocolo sociosanitario de derivación para regular las altas hospitalarias y las urgencias sociales que además mejorará la comunicación con el sistema sanitario. La intención con este plan es priorizar a las personas con alta clínica que ocupan camas en algún hospital del Archipiélago o a otros casos que sean considerados "graves" y que necesiten atención inmediata.

Camas sociosanitarias

Tanto la Consejería de Sanidad como las organizaciones sindicales de este ámbito han manifestado durante años que el problema con los pacientes sociosanitarios se ha cronificado y que está teniendo un impacto negativo en la actividad hospitalaria, sobre todo, en el servicio de Urgencias. En complejos como el Hospital del Sur, estos usuarios ocupan el 60% de las camas.

Así como hay cuestiones que se actualizan, también hay otras que se eliminan de los textos insulares. La teleasistencia pasa a ser un servicio centralizado y contratado por el propio Ejecutivo regional y, de una forma similar, la prestación por ayuda a domicilio especializada que se ofrecía en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife también será gestionada a nivel autonómico.

En palabras de la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, los nuevos convenios refuerzan la igualdad territorial con criterios comunes de acceso a las listas de reserva y con la acreditación obligatoria de las entidades del tercer sector, "garantizando así la misma calidad de atención en todas las Islas".

Polémica

Esta partida autonómica, que se irá implementando de manera progresiva, es una inyección financiera que mejorará la atención brindada a personas dependientes de todo el Archipiélago. Aunque ahora las instituciones celebren su aprobación, lo cierto es que se trata de un tema que ha dado muchos dolores de cabeza a los representantes insulares. A finales de octubre, el Cabildo tinerfeño, a través de una moción suscrita por unanimidad, instó al Gobierno a aprobar y firmar cuanto antes el nuevo convenio.

En la misma línea, la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, denunció que la corporación insular estaba soportando en solitario el mantenimiento de residencias, centros de día y ayudas a domicilio porque habían pasado todo el 2025 sin convenio de dependencia, ninguna de las siete islas. Esta situación les obligó a financiar en solitario todos esos servicios, por lo que advirtió que sin la ayuda autonómica no podrían seguir abriendo residencias.

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