Canarias se opone al decreto de creación de universidades

Canarias se opone al nuevo Real Decreto que regula la creación de universidades y que el Ministerio de Ciencia ha puesto en marcha para poner coto a la creación indiscriminada de instituciones privadas.

En concreto, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer, a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, el acuerdo para presentar un requerimiento previo al gobierno central.

Esta decisión se adopta después de que, según explica el Ejecutivo en una nota de prensa, el Estado no haya atendido ni respondido las alegaciones formuladas por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de abril. Fue entonces, como explica el comunicado «cuando la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura advirtió de que el texto vulnera competencias autonómicas y no reconoce la realidad archipielágica ni la especificidad poblacional de Canarias, tal y como contemplan la Constitución y el Estatuto de Autonomía».

La reforma del Ministerio busca reforzar los mecanismos de control y supervisión del sistema educativo universitario español. Para ello impone, por ejemplo, un umbral de 4.500 estudiantes deurante los seis primeros años de funcionamiento o la creación de alojamiento para acoger al 10% de su alumnado. Las universidades en activo tienen tres años para cumplirlo, y cinco las de reciente creación.

El Ejecutivo recuerda que, en su documento de alegaciones, Canarias ya había advertido de que varios de los requisitos incluidos en la nueva norma, como la fijación de un número mínimo de estudiantes en los primeros años de funcionamiento, la obligación de ofertar titulaciones en distintas ramas de conocimiento o la imposición de contar con alojamiento para parte del estudiantado, resultan discriminatorios para territorios fragmentados y con menor densidad demográfica como Canarias.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, subrayó que «el Estado no puede legislar como si todos los territorios compartieran las mismas condiciones geográficas, poblacionales o económicas. Canarias es un archipiélago, con un sistema universitario distribuido y con realidades muy distintas entre islas. Ignorar esa circunstancia supone desconocer nuestra singularidad y poner en riesgo los principios de equilibrio y cohesión territorial».

Machín recordó que Canarias «siempre ha mostrado su disposición a colaborar con el Estado en todas las iniciativas que fortalezcan el sistema universitario canario, pero dentro del respeto al marco competencial y al modelo descentralizado que reconoce la diversidad territorial».

En esa línea, añadió que «este requerimiento no es un gesto de confrontación, sino una defensa legítima del autogobierno y de la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación superior».

El Gobierno de Canarias también advierte de que el nuevo Real Decreto plantea un riesgo de invasión competencial al pretender otorgar carácter vinculante a los informes de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), incluso en comunidades que cuentan con agencias autonómicas inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR).

En el caso de Canarias, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee) dispone de ese reconocimiento europeo, lo que acredita su solvencia técnica y su plena capacidad para evaluar programas e instituciones universitarias conforme a los estándares internacionales del Espacio Europeo de Educación Superior.

El acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno constituye el paso previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, conforme a lo establecido en la legislación vigente.