Los rectores reprochan la visión economicista de la Ley Canaria de la Ciencia: "La investigación es mucho más que su aplicación económica"

"La ciencia es mucho más que su aplicación económica". Bajo esta afirmación –de boca del rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García– la Ley Canaria de la Ciencia recibió ayer una enmienda a la totalidad por parte de los rectores de las dos universidades públicas canarias que acabaron reprochando el fondo del texto. Como insistieron, la nueva normativa se centra en potenciar áreas del conocimiento que puedan tener explotación económica pero elude aquellas más básicas y en las que el Archipiélago ya es puntero. 

Tras realizar una batería de apreciaciones críticas sobre el nuevo texto normativo –que, pese a todo, ambos valoraron como "interesante, oportuno y necesario" para el avance ciencia en Canarias– Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULGPC) recordó que "la investigación a veces tiene rendimiento económico y otras no". "Sabemos que la resonancia magnética, que es importantísima, salió de los estudios de astrofísica sobre las reacciones nucleares de las estrellas", recalcó Serra. 

Por esta razón, destacó la necesidad de apoyar "a todas las áreas del conocimiento" y no solo a aquellas con potencial para dar rápido rédito económico. "Esa visión de la I+D+i menosprecia lo que hacemos aquí, porque tenemos áreas punteras donde conseguimos resultados excepcionales pese a ser una de las comunidades con menor inversión por habitante", recalcó el rector de la ULPGC. 

Ambos, además, criticaron que se dedique un espacio en específico (el título IV) a la Inteligencia Artificial, pues si bien lo ven como una buena herramienta potente para la investigación, no consideran que este sea el lugar específico para regularla. "Es como si en la ley de 2001 le hubiéramos dado un capítulo entero a la tecnología móvil o a internet", sentenció el rector de ULL. 

Ambos rectores comparecieron ayer en una comisión extraordinaria en el Parlamento de Canarias para iniciar un "diálogo constructivo" con todos los grupos políticos que permita desarrollar una ley mejor y "más útil" para la ciencia de lo que es el anteproyecto a día de hoy. Para ello, como insistieron ambos rectores, es necesario hacer una apuesta más decidida por la estabilización de la carrera científica, facilitar los trámites aduaneros también para las universidades y garantizar el compromiso de aumento de fondos públicos para la I+D. 

Un capítulo para universidades

En sintonía, los rectores solicitaron que se les tuviera mucho más en cuenta en la propia redacción de la ley, solicitando incluso que se destinara un capítulo completo a la investigación dentro de las universidades. No en vano, el 95% de la ciencia que se realiza en las Islas parte de estas dos instituciones y el Instituto de Astrofísica de Canarias. "El impacto de nuestra producción científica en el PIB es un 2,5%, lo que supone 1.500 millones de euros al año", recalcó García que insistió: "somos agentes centrales y singulares". Motivo suficiente, según los rectores, para que la ley también dote de un mecanismo de apoyo específico a las universidades.

Otra de las grandes reivindicaciones de las universidades fue la de proporcionar mayor estabilidad al presupuesto. "Para ello, se debe desvincular de la capacidad propia del presupuesto", recalcó García, haciendo alusión a la disposición adicional II que expone que el objetivo de llegar al 3% del PIB para 2030 está vinculado a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. "Si queremos apostar por la ciencia hay que blindar las aportaciones económicas al apoyo de la ciencia de las coyunturas económicas", sentenció García. 

Ambos aprovecharon la ocasión para aludir a los problemas financieros que atraviesan. Recordaron que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) les obliga a "invertir un 5% de nuestro presupuesto en investigación", tal y como explicó Serra, que recordó que, para cumplir este objetivo, "se tiene que dotar a las universidades de financiación suficiente". Este montante se utilizará para estabilizar talento, potenciar las Oficinas de Transferencia o la estructura administrativa. 

Otra de las principales críticas a la ley se centraron en la falta de una consolidación clara de la carrera científica. "Necesitamos medidas específicas, que se plantee una contratación estable, con evaluaciones periódicas y progresión profesional", argumentó el rector de la ULL. En este sentido, ambos solicitaron crear una cláusula de sustitución al personal contratado con convocatorias públicas, ya que hoy en día, cuando un profesional no acaba su contrato –porque consigue otro mejor o avanza en su carrera– se penaliza a las universidades obligándolas a devolver la cuantía gastada en los años que se ha disfrutado. "Se castiga el éxito", recalcó García. 

Sin texto no hay aportaciones

Esta comparecencia llega después de que ambos hayan denunciado públicamente que no pudieron disponer del texto del anteproyecto antes de que la ley entrara en trámite parlamentario para poder hacer aportaciones. 

"Es cierto que la consejera [de Universidades y Ciencia, Migdalia Machín] nos consultó y nos pidió consejo, pero lo cierto es que nunca tuvimos texto", relató Serra, que añadió: "las aportaciones fueron vagas". En este sentido también se manifestó García, quien corroboró que "ha faltado diálogo" porque no han podido disponer de un texto sobre el trabajar. 

Los rectores, de hecho, pudieron participar en la elaboración del texto –junto al resto de agentes sociales– en dos ocasiones. La primera fue en una reunión en la que una consultora recogió la percepción de todos los agentes implicados en el sistema de ciencia y tecnología celebrada en Tenerife. En la segunda ocasión, los rectores recibieron una encuesta a rellenar. En ninguna de las dos ocasiones dispusieron de un texto.

Posición del Gobierno

Durante la ronda de preguntas por parte de los parlamentarios, la portavoz de Coalición Canaria, Cristina Calero, recordó que el texto que ha llegado al Parlamento de Canarias está "vivo". "El trámite parlamentario está para eso, para mejorar y llegar a un consenso con otros agentes y el resto de partidos", recalcó Calero, que afirmó que desde el Gobierno van a recoger las iniciativas que han sido presentadas por los rectores. Nueva Canarias, por su parte, adelantó que gran parte de estas recomendaciones van a llevarlas como enmiendas parciales al texto que, sin embargo, ya no podrá tener una enmienda a la totalidad.

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