La Ley de Consejos Sociales de Canarias: prescindible para el rector de la ULL, apropiada para el presidente del órgano

La proposición de Ley de Consejos Sociales de Canarias centra el debate en el ámbito universitario. El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, considera que esta norma "no es una prioridad" para las instituciones académicas, mientras que el presidente del propio órgano en el centro lagunero, Francisco Almeida, no encuentra ningún problema en la propuesta sobre la que está trabajando el Ejecutivo autonómico. "Un consejo de gobierno paralelo". Así define García el papel que jugaría el Consejo Social si finalmente se aprueba el texto en el que está trabajando el Gobierno canario y que permitirá que estos órganos –hasta ahora de consulta– emitan informes vinculantes para la creación de nuevos institutos o la implantación de nuevas titulaciones, entre otros aspectos. 

La pasada semana, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) hacía pública una carta remitida a la Consejería de Universidades del Gobierno autónomo en la que mostraba su malestar por el texto, ya que "menoscaba gravemente la autonomía universitaria". Ahora, Francisco García sentencia que "los consejos sociales de las universidades públicas juegan un papel clave" que garantiza "la conexión de las universidades con la sociedad". Las relaciones entre el Rectorado y el Consejo Social lagunero "son espléndidas" y, de acuerdo con la LOSU, se trata de un órgano de participación y representación de la sociedad, "un espacio de colaboración y de rendición de cuentas".

Otras prioridades

Por eso afirma que esta nueva ley "distorsiona el enfoque" que ha tenido este órgano hasta el momento. "Nos parece contraproducente, ineficaz y, desde luego, extemporánea", ya que el rector considera que en la actualidad existen otras muchas prioridades que han de encarar las universidades públicas canarias porque, denuncia, "Canarias es de las pocas comunidades autónomas que no dispone de un instrumento de financiación estable". Además, insiste en que ya hay regiones, como la Comunidad de Madrid, que están trabajando en una ley de universidades públicas y es una lástima que "aquí ni la tenemos ni se la espera".

Además, recuerda que los consejos sociales existentes en el marco de las dos universidades públicas canarias, "son una referencia a nivel nacional", dada su capacidad de acción y su presupuesto que alcanza el millón y medio de euros para los dos órganos.

El texto propuesto desde el Gobierno de Canarias "desnaturaliza el propio órgano" que ya en la actualidad cuenta con un "control evidente" sobre las universidades y es el encargado de aprobar en última instancia el presupuesto de cada una de estas instituciones, por ejemplo.

Actualización

Esta nueva regla viene a actualizar la ley 11/2003 del 4 de abril sobre consejos sociales y coordinación del sistema universitario de Canarias. El rector de la ULL expresa que, a pesar de que la LOSU insiste en la necesidad de adaptar la normativa de estos órganos, "bajo nuestro punto de vista no adapta la normativa, sino que la sobrepasa y, ante todo, no se trata de un tema prioritario en este momento".

Un consejo de gobierno paralelo. Así define García el papel que jugaría el Consejo Social si finalmente se aprueba el texto en el que está trabajando el Gobierno de Canarias.

Al contrario de lo que ha sucedido con el desarrollo de la Ley Canaria de la Ciencia, en este caso las dos universidades públicas canarias sí han estado presentes en varios momentos de la redacción pero no ha sido suficiente para modificar la visión del Gobierno de Canarias sobre esta norma. A pesar de ello, tras la presentación de algunas enmiendas, las instituciones académicas lograron revertir una de las propuestas, que incluía que el Servicio de Inspección dependiera de los consejos sociales. Sin embargo, lamenta que "nuestras objeciones prácticamente no se han tenido en cuenta".

Opiniones encontradas

El presidente del Consejo Social, Francisco Almeida, no comparte las opiniones de los rectores de las universidades públicas canarias, ya que la propuesta de funciones de la nueva ley "no sobrepasa" las competencias que se espera que desarrolle un órgano de este tipo, y precisamente el Consejo Consultivo ya ha avalado esta propuesta a través de diferentes informes.

Expresa que, como cualquier gran corporación, las universidades públicas canarias son lentas en sus movimientos y "todo aquello que de alguna manera altere su actividad o el estatus que ostenta puede alterarlas, pero no por ello van a funcionar de peor manera". De este modo, sentencia que la nueva ley no afectará a la dinámica de gestión de las universidades.

Retos

Almeida recuerda que los consejos sociales son órganos que permiten la participación de la sociedad en el ámbito universitario y sentencia que esta ley garantizará esta función. El presidente recuerda que los consejos sociales del ámbito canario están muy bien considerados en toda España: "Los consejos sociales en Canarias son un faro y, dado que nos encontramos en un momento convulso debido a la creciente presencia de las universidades privadas, los nuevos sistemas de enseñanza nos exigen respuestas ágiles que garanticen la captación del talento. No podemos contar con procedimientos lentos y por eso no podemos dejar de mejorar dentro de nuestro carácter público".