Antonio Abril: "La nueva ley de consejos sociales de Canarias será un referente"

¿Qué balance realiza del 20 aniversario de la Conferencia de Consejos Sociales y Presidencias de la Universidades Españolas?

Su creación no fue fácil. Los consejos sociales no tenemos personalidad jurídica y tuvieron que firmar la Constitución los propios rectores, situación que de alguna manera hoy pervive. Pero a partir de ahí se ha desarrollado una actividad importante. Nos ocupamos fundamentalmente del control y la supervisión económica y presupuestaria, del rendimiento de servicios, del control de la ética, la integridad académica o las medidas antifraude. Y tenemos una misión muy importante que es la mejora de la relación universitaria-empresa, una de las grandes asignaturas pendientes de la sociedad y de la economía española. Por consiguiente, puedo decir que la trayectoria es muy satisfactoria y lo que queda por hacer, un gran reto. 

Durante el acto de inauguración decía que los consejos sociales de Canarias son un ejemplo y un espejo en el que mirarse. ¿Por qué?

Son una absoluta referencia. Primero, porque tienen una trayectoria mejor y más intensa. Segundo, porque tienen capacidades reales para desarrollar sus competencias. El rector de la ULPGC destacaba que el presupuesto de los consejos sociales canarios asciende a 750.000 euros, el más importante de todos los del país. Al contar con más capacidades y competencias, desarrollan más trabajo y, por tanto, tienen un mayor presupuesto. Eso implica que las universidades canarias son más transparentes, rinden mejor las cuentas, son más excelentes y están más legitimados ante la sociedad que las financia con sus impuestos. Y no se trata solo de que los consejos sociales canarios sean mejores, sino de que lo son sus universidades. Nosotros somos órganos universitarios y nuestra labor repercute directamente en la mejora de su excelencia.

¿Cómo valora la Ley Orgánica del Sistema Universitario?

La LOSU ha supuesto una oportunidad perdida para actualizar la gobernanza de las universidades públicas, aunque deja cierto margen para reforzar el papel de los consejos sociales. Sin embargo, lo hace de forma ambigua y sin un compromiso firme del Gobierno central, que evitó enfrentarse a resistencias internas. Por ejemplo: el control de la intervención corresponde al consejo social, para que pueda ejercer sus funciones de supervisión económica presupuestaria, pero la LOSU establece una unidad de control interno con autonomía funcional y que no puede depender de un órgano unipersonal y deja en manos de las autonomías que la asignación se haga a favor del consejo social. El mayor reto de los consejos sociales es trabajar para que en las leyes autonómicas de desarrollo de la LOSU se aprovechen las opciones para mejorar las capacidades reales de los consejos sociales.

El rector de la ULPGC, Lluis Serra, ha mostrado su rechazo a la modificación de esa norma y ha pedido que se respete la autonomía de la institución. ¿Cómo valora ese posicionamiento?

Es difícil que ante cualquier ampliación de las capacidades, competencias y medios de los consejos sociales, no se alce la voz de algún rector que diga que eso es excesivo y afecta a la autonomía universitaria. Pero los consejos sociales también somos órganos universitarios y, por tanto, participamos de esa autonomía. Además, no tenemos competencias ni capacidades académicas. Nuestro campo son competencias que interesan directamente a la sociedad. España es el país, entre todos los comparables, con menor participación, compromiso y responsabilidad de la sociedad en la gobernanza de su universidad. Y lo único que tenemos para evitar seguir siendo los últimos en esto son los consejos sociales. Debemos mejorar nuestras competencias, porque es lo único que tenemos.

¿Cree que la sociedad española valora adecuadamente el papel de sus universidades públicas?

España es un país que no apuesta por la educación. Decimos que sí, pero los datos y la realidad demuestran que no. El actual equipo de gestión de la conferencia de consejos sociales aprobó, en su día, un decálogo de principios. El primero es que España será, en el futuro, el resultado de lo que hoy sea capaz de invertir en educación. Yo recuerdo una iniciativa del entonces presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, Roberto Fernández, que promovió un acto en el Congreso de los Diputados con todas las fuerzas sociales relacionadas con la universidad, en el que pedía dos cosas: que se priorice la universidad española en el ranking de temas a valorar, a financiar y a ponderar por parte de nuestros representantes políticos. Y, en segundo lugar, que fuéramos capaces de hacer una nueva ley orgánica universitaria, fruto de un gran consenso plasmado en un pacto de Estado. Bueno, ni lo uno ni lo otro. Aquello fue flor de un día. Tenemos la misma facilidad para pedir y hacer estos informes que, para el día siguiente, meterlos en un cajón y que duerman el sueño de los justos. Realmente es una situación lamentable. 

¿Considera que la universidad está preparada para los desafíos actuales, desde la digitalización a la inteligencia artificial y, sobre todo, al cambio climático?

En la universidad pública española, cuando hablamos de gobernanza no estamos hablando de la elección del rector, sino de todo un sistema de gestión. Estamos hablando de que queremos que la universidad pública sea capaz de gestionar y sacar partido del inmenso talento de sus personas, que tenga flexibilidad operativa, capacidad y presupuesto de contratación y atracción de talento, tanto docente como de estudiantes, cosa que sí tienen las universidades privadas y por eso están compitiendo de manera tan importante. Realmente a la universidad pública no le estamos dando los medios, la capacidad de hacer frente a este mundo global, competitivo, sostenible y extraordinariamente tecnológico y cambiante que estamos viviendo. Y eso es una responsabilidad de todos, no solo de los rectores. Porque la configuración del sistema universitario público la hace la sociedad a través de sus representantes políticos.

¿Cómo valora el modelo actual de financiación pública de las universidades?

El modelo actual de financiación es muy diferente en las distintas comunidades autónomas. Lo que nos parece evidente es que hay que aumentar la financiación pública de las universidades, porque la que hay es insuficiente. Tenemos un déficit de unos 1.400 millones de euros. Pero no solo eso. Hay que cambiar una cultura de financiación exclusiva con transferencias por índice de capital del sector público. En cualquier universidad europea o americana, una parte importante de la financiación viene de la transferencia de los resultados, del conocimiento y de la investigación universitaria. Es decir, hay que diversificar las fuentes de financiación y para eso hay que tener una cultura y mecanismos de cooperación. Y es una tristeza, es lamentable, ver cómo la LOSU va en la dirección contraria para evitar su mercantilización, cuestionando esa fuente de desarrollo económico y social de toda sociedad moderna, que es la interrelación entre ciencia pública y empresa.

En ese contexto, ¿qué papel juega la celebración de la conferencia de consejos sociales?

Los consejos sociales somos los grandes olvidados del sistema universitario español. Algo de culpa tendremos nosotros, pero mucho de culpa tiene desde luego el sistema de gobernanza universitaria. Nuestra función es absolutamente crucial, porque somos responsables de fortalecer el compromiso de la sociedad con la universidad y de la universidad con la sociedad, a la que se debe. La universidad pública es un servicio público y nos hemos equivocado al dejarlo solo en manos de quienes trabajan y estudian en la universidad. Eso ha producido una excesiva distancia entre la universidad y la sociedad. Gravísimo error de cultura de país, que los consejos sociales estamos intentando superar y cambiar. Poner en valor a los consejos sociales supone alinear la actividad y los objetivos de la universidad con las necesidades reales de la sociedad, el sector productivo o el empleo de los estudiantes. Son funciones absolutamente esenciales, 

¿Las jornadas tienen una finalidad reivindicativa?

Todas las jornadas que hace la Conferencia de Consejos Sociales tienen un tono reivindicativo. Es obligatorio, de alguna manera, porque la situación actual está muy lejos de lo que sería la situación ideal de los consejos sociales. Y en estas jornadas, por ejemplo, estamos hablando de cooperación público-privada, estamos hablando de relación universidad-empresa, estamos hablando de gestión del talento. El gran problema de la universidad pública española es que no saca partido del inmenso talento de sus personas. Estamos hablando de fomentar la cultura de emprendimiento, que quieran ser empresarios, como ocurre en otros países. Pero eso depende de los procesos educativos y son cosas muy complejas.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad universitaria canaria?

Primero, un mensaje de enhorabuena, porque la nueva Ley sobre los Consejos Sociales va a ser el referente en España que vamos a utilizar los demás consejos sociales para meterle presión a nuestros gobiernos comunitarios. Y lo segundo, pues que sigan disfrutando y sigan sacando partido de unos consejos sociales magníficos que van a ser mucho más excelentes y universidades. 

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