La ley trans de Canarias queda en papel mojado después de cuatro años en vigor: "Fuimos pioneros pero nos hemos estancado"

Canarias aprobó por unanimidad en julio de 2021 una pionera Ley Trans que, por ese entonces, ponía al Archipiélago un paso por delante del resto del país en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Sin embargo, cuatro años después, muchas de las medidas recogidas en la norma apenas han salido del papel.

El texto fue consensuado con los colectivos LGTBIQ+ de las Islas y recoge aspectos como la autodeterminación de género, la mejora del tratamiento administrativo de las personas de estos colectivos y la regulación de medidas de sanción e infracción. El Archipiélago presumía entonces de tener una normativa más avanzada que la estatal, pero los colectivos consideran que, a día de hoy, "nos hemos quedado estancados".

Pese a que la ley marca un plazo máximo de desarrollo de nueve meses, hay varios aspectos que todavía, a las puertas de su cuarto aniversario, no se han desarrollado. El secretario y portavoz de la asociación Diversas, Sergio Siverio, señala que de las cuestiones básicas solo se ha desarrollado una: la creación de un comité consultivo que vele por la aplicación de la norma y garantice la efectividad de su cumplimiento.

El comité consultivo: única medida en marcha

Este órgano, encargado de la elaboración de un informe anual, tenía que haberse formado en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley, pero lo cierto es que nació de manera oficial en julio de 2024. "Se constituyó porque le dimos un ultimátum al Gobierno canario, exigiéndoles que debían aprobarlo antes del Día del Orgullo", argumenta el también director del Aula Cultural de Diversidad LGBTIQ+ de la Universidad de La Laguna.

Según asegura, tras un año de vigencia, el comité solo se ha reunido en dos ocasiones, una de forma ordinaria y otra extraordinaria. "El informe que tenemos que elaborar para evaluar el cumplimiento de la norma será fundamental porque servirá como impulso de acciones que son imprescindibles pero que aún no han terminado de arrancar", añade.

Sanciones

Entre las medidas pendientes, Siverio destaca que el régimen sancionador aún está por desarrollar. El texto contempla que las situaciones discriminatorias que vulneren los derechos de las personas trans e intersexuales serán perseguidas y sancionadas. Además, distingue entre infracciones leves, como utilizar expresiones vejatorias contra estas personas o familiares; graves, como impedir u obstaculizar la realización de cualquier trámite administrativo; y muy graves, como la negativa a atender o asistir de manera efectiva a quienes hayan sufrido cualquier tipo de discriminación o abuso por motivos de identidad. Asimismo, la ley recoge multas que van desde los 200 hasta los 45.000 euros y otras sanciones accesorias como la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública en tres años.

Pese a que el documento dedica un título completo -el XII- al régimen sancionador, fuera del papel las medidas no se han hecho realmente efectivas.

Distintivo empresarial

Tampoco se ha creado el distintivo empresarial para aquellas empresas que destaquen por aplicar políticas de igualdad y diversidad en la contratación. El director general de Diversidad del Ejecutivo regional, Celso Mendoza, sostiene que cuando entró en el cargo, en julio de 2023, se encontró con que ninguno de los tres grandes decretos -el comité consultivo, el régimen sancionador y el distintivo empresarial- estaba tramitado. Por el momento, en estos dos años, han logrado aprobar uno y, según defiende, esperan sacar los otros dos antes de que concluya su legislatura.

Dos decretos aún sin fecha

Aunque aún sin fechas concretas ni plazos marcados, la intención de la Dirección General es que los servicios jurídicos estudien el régimen sancionador para ver "cómo ir más allá" y cómo desarrollarlo lo antes posible. Con el distintivo empresarial prevé un procedimiento similar. "El informe del comité será una herramienta muy útil para nosotros, para conocer qué ocurre en las calles y para evaluar el impacto de la ley", afirma.

Protocolos de acompañamiento en Sanidad y Educación

Además de los tres decretos, desde Diversas denuncian que no se han actualizado los protocolos de acompañamiento a personas trans ni en la atención sanitaria, ni en el ámbito educativo ―cuya última versión es de 2018/2019―. Desde el Ejecutivo aclaran que en lo que respecta a las escuelas y a otros centros formativos, el documento comenzará a reformularse en septiembre, con el inicio del próximo curso escolar.

En una línea similar, la asociación ha detectado "varias irregularidades" en el ámbito sanitario que ha trasladado a la Diputada del Común en forma de queja. "Nos hemos encontrado cancelaciones masivas de citas en Endocrinología para personas trans, también hemos visto que se exige un informe psicológico a menores, así como casos de gordofobia", sostiene.

El portavoz de la entidad advierte que también han detectado que la ley se ha incumplido en otro aspecto: la incorporación de la tercera casilla de los formularios para personas no binarias. Desde 2021 es obligatorio que los formularios del Gobierno de Canarias incluyan la identidad de persona no binaria como tercera casilla añadida a las de hombre y mujer. Así lo recoge el artículo 7 de la ley trans, que tiene como objeto asegurar que en los expedientes y procedimientos administrativos las personas sean tratadas de acuerdo con su identidad de género sentida, cumpliendo así con el derecho a la autodefinición y a la libre determinación de la identidad y expresión de género.

Sin embargo, la Agencia Española de Protección de Datos sancionó al Gobierno canario porque consideraba que esa obligación afecta a la intimidad de las personas. Pese a esta negativa, el Ejecutivo finalmente decidió mantener la casilla, con el apoyo de las asociaciones. Aunque Siverio subraya que antes de rectificar, hubo momentos de "tira y afloja", es decir, que se llegó a retirar para después volverlo a incorporar.

Involucrar a todas las consejerías

Para el profesor de Derecho Constitucional de la ULL, la norma no solo debe abordarse desde la Dirección General de Diversidad, adscrita a la Consejería de Bienestar Social, sino que tiene que plantearse como una cuestión transversal que se trabaje desde todas las áreas del Gobierno. "Ahora mismo apenas están trabajando en este asunto, por lo que queremos recordarles que las leyes están para cumplirlas y desarrollarlas, no pueden quedarse como papel mojado en el Boletín, sino que tienen que servir para mejorar nuestras vidas de verdad", señala.

Aprender de otras regiones

Aunque reconoce que hay comunidades que están "mucho peor", como la madrileña, "que ha retrocedido en los últimos años", también resalta que hay otras que avanzan a buen ritmo. Algunos ejemplos son la Comunidad Valenciana, que ha diseñado recientemente un procedimiento de adecuación documental, y Aragón, que ha puesto en marcha una reserva de empleo público del 1% para personas trans.

Prioridad absoluta

Por su parte, el director del área de Diversidad destaca que desarrollar la ley es una prioridad absoluta: "Es cierto que han pasado cuatro años, pero no hay excusas; seguiremos trabajando para lograr una Canarias más justa y diversa, libre de delitos de odio, homofobia y transfobia".

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