Más del 60% de los juzgados canarios están saturados por el aumento de pleitos

El Tribunal Superior de Justicia califica la situación de "desbordante" y prioriza la creación de siete juzgados y cuatro nuevos jueces para hacerle frente

El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo (i), presentó este viernes en rueda de prensa la memoria de actividad de los juzgados en 2024.

El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo (i), presentó este viernes en rueda de prensa la memoria de actividad de los juzgados en 2024. / Efe/ Ángel Medina G.

Benyara Machinea

Santa Cruz de Tenerife

Más del 63% de los juzgados canarios están saturados como consecuencia del aumento de pleitos, que sitúa al Archipiélago como la comunidad autónoma donde más se litiga del país por sexto año consecutivo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, ha calificado este viernes la situación como "desbordante" durante la presentación de la memoria anual y ha priorizado la creación de siete juzgados y la incorporación de cuatro nuevos jueces, todos ellos en las islas de Gran Canaria y Tenerife, para poder hacerle frente.

Canarias ha batido sus propios récords con la tasa de litigiosidad más alta de la última década: 212 pleitos por cada 1.000 habitantes. Es decir, 50 puntos por encima de la media nacional y un crecimiento del 13,9% respecto el año 2023. Los juzgados más afectados son los pertenecientes a los órdenes civil, social y, de manera crítica, contencioso-administrativo, tras los repuntes de peticiones en materia de extranjería por la crisis migratoria.

Con respecto al módulo de entrada, que es el parámetro de carga de trabajo que fija el Consejo General del Poder Judicial a partir del cual se hace necesaria la creación de un nuevo juzgado, hay 139 órganos judiciales, de los 219 existentes en la región, que lo superan. Bragado calificó como especialmente "crítica" la situación de las secciones civiles de las dos audiencias provinciales, con un 274% de carga de trabajo en Santa Cruz de Tenerife y un 328% en Las Palmas.

Un "desafío estructural"

Bragado se quedó con lo positivo del aumento de litigiosidad, al entender que "evidencia la confianza de la ciudadanía en la Justicia como instrumento de tutela de sus derechos", aunque entiende que supone a su vez un "desafío estructural" y refleja la "complejidad social, económica y territorial de nuestro entorno".

Estos datos han sido presentados, el pasado 19 de junio, a la presidenta del parlamento de Canarias para reflejar la necesidad de adoptar medidas de refuerzo. El año pasado entraron en funcionamiento nueve unidades judiciales, pero el TSJC insiste en que "seguimos necesitando más". Estas solicitudes se concentran en los partidos de Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Arucas y Güímar.

Los órganos judiciales de las Islas registraron un 13,9% más de pleitos respecto a 2023

Otra petición que hace la Sala de Gobierno es que se fije un plan estratégico a medio y largo plazo para poder hacer frente a los cambios de la ley de eficiencia de la justicia, en especial a la transformación de la planta judicial. Demandan que se busque una solución a la forma en la que se van a organizar los servicios comunes y a la manera en la que se va a producir ese despliegue.

"Es un reto complicado, novedoso, porque además aquí en Canarias no teníamos ninguna experiencia ni siquiera piloto del modelo de oficina judicial, que en algunos territorios de la península sí se había puesto en marcha. Por tanto, lo que estamos reclamando es la máxima implicación, la máxima colaboración entre todos los operadores jurídicos", subrayó Bragado durante su intervención.

Infraestructuras deficientes

La memoria pone el foco en las "graves deficiencias" en materia de infraestructuras. Los déficits se evidencian en Santa Cruz de Tenerife, donde es necesario adaptar el edificio Auditorio para albergar los órganos judiciales que no ejercen jurisdicción penal y "dispensar una atención mínimamente digna". Todo ello sin olvidar la necesidad de acometer una Ciudad de la Justicia y equipararse con la cocapital. "No es de recibo que pasados los años y las décadas, siga en esas circunstancias", incidió el presidente del TSJC, quien advirtió que estas dificultades pueden verse agravadas por la necesidad de dotar de más espacio a los juzgados de violencia contra las mujeres, lo que continuará con la "dispersión de sedes".

Imagen de la parte trasera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Imagen de la parte trasera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

En concreto, la entrada en vigor de la nueva ley se empezará a ver en los cambios de la planta judicial el próximo uno de julio. El partido judicial de La Orotava se unirá al de Puerto de la Cruz y también se hace necesario reforzar las instalaciones de Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane, Granadilla de Abona y San Bartolomé de Tirajana.

212 Pleitos por cada 1.000 habitantes. Es la tasa más alta que registra el Archipiélago en una década

A pesar de la sobrecarga de asuntos que enfrentan los magistrados de Canarias, la tasa de resolución ha aumentado en un 15,8% con respecto al año anterior y han logrado la media de sentencias más alta del país, de 386 por juez y año. Y, aun con el desborde de pleitos, el tiempo medio de resolución en primera instancia ha sido el cuarto más bajo a nivel nacional, con una duración aproximada de 6,2 meses, y el cuarto porcentaje más elevado de fallos confirmados por el Tribunal Supremo en casación, en un 92% de las ocasiones.

La memoria refleja que las jurisdicciones civil y penal prácticamente coparon la mayoría de los asuntos ingresados el año pasado, mientras que los porcentajes en las jurisdicciones contencioso-administrativa y social resultaron "casi residuales". Pero la pendencia, es decir, los asuntos que quedaron en trámite al cierre del año, se disparó en los juzgados de lo contencioso-administrativo a un 95%.

Las quejas aumentaron un 4,5% en Canarias, registrándose en la Unidad de Atención Ciudadana 1.029 reclamaciones. La mayor parte se repiten y más de la mitad van enfocadas a lograr una justicia ágil y tecnológicamente más avanzada. El resto se refieren a disconformidades con resoluciones judiciales y, por último, quejas relacionadas con una justicia más atenta.

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