Canarias propone suprimir las barreras físicas y virtuales que limitan a 127.700 isleños con discapacidad

Canarias ha propuesto una ley para suprimir las barreras físicas y virtuales que limitan la vida diaria de más de 127.700 isleños con discapacidad. Todos los grupos con representación parlamentaria, a excepción de Vox, han presentado una proposición de ley que retoma una iniciativa que quedó pendiente en la legislatura pasada por culpa de la ralentización derivada de la pandemia. De aprobar la norma, el Archipiélago se convertiría en un referente universal en materia de accesibilidad. 

La ley vigente de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación se aprobó en 1995, por lo que tenía en cuenta aquellas limitaciones en el entorno digital. A día de hoy, la accesibilidad real no solo tiene que ver con cuestiones como la presencia de rampas, ascensores o de escritos en braille.

Por este motivo, el nuevo texto aborda el concepto de inclusión desde un enfoque transversal, es decir, que además de las barreras arquitectónicas, toma en consideración otros aspectos como el disfrute de las personas con discapacidad o las dificultades que enfrentan para acceder a trámites en línea. «La tecnología debe ser siempre una aliada», apuntó Raquel Díaz, del grupo Popular.

Del papel a la realidad

En este sentido, los representantes políticos de PSOE, CC, PP, NC, ASG y Mixto coincidieron en que el texto no debe ser únicamente una herramienta jurídica. La intención es que cada uno de los aspectos recogidos en el papel se traduzcan después en una accesibilidad real a espacios culturales y de ocio, al transporte público, al empleo y a entornos naturales como playas o senderos. 

Estos cambios no solo se plantean para facilitar la vida de los canarios con discapacidad, que representan casi al 15% de la población total, sino que además estarían pensados para atraer a turistas con dificultades de movilidad. El representante de la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, destacó que este tipo de visitantes «también merece disfrutar de esta tierra y que, además, estas personas son de las que más gastan en destino». El diputado también advirtió que nadie está al margen de sufrir una discapacidad, temporal o permanente, y que de las personas que ya padecen una minusvalía, el 20% son mayores de 65 años.

Régimen sancionador

Además de transformar la arquitectura, también se habló de cambiar miradas. En esta línea, la normativa contempla un régimen sancionador, con cuantías que pueden llegar en su grado máximo al millón de euros. De esta forma, se establece un sistema de seguimiento y evaluación «permanente y riguroso», que según el diputado Raúl Acosta, «es acorde a la importancia que merece la inclusión». 

El representante del grupo Mixto por la Agrupación Herreña Independiente añadió que el documento atiende las demandas de todas las personas con discapacidad, pues ha sido una petición expresa de las entidades del tercer sector. «Tenemos que darles respuestas, atender esas cuestiones que siguen limitándoles el acceso a muchos espacios», subrayó. 

Asimismo, la ley, de aprobarse, funcionará como un impulso a todas las administraciones, para que cuenten con un plan de accesibilidad y mejoren sus equipamientos e infraestructuras. «Se trata de una norma necesaria para avanzar hacia una Canarias más inclusiva», defendió Ramos.

Presentación de enmiendas

 El texto es casi el mismo que el redactado la pasada legislatura, con el añadido de las consideraciones que en su momento presentó el Consejo Consultivo de Canarias. A partir de ahora de abre el plazo de presentación de enmiendas. Los diputados esperan que llegue a aprobarse en el segundo periodo de sesiones de este año. Según recogió EFE, Vox está de acuerdo con el fin último de la iniciativa, pero no apoya la forma en la que se ha creado porque «ha venido impuesto».

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