Los veterinarios barajan una huelga si no cambia el Real Decreto 666/2023

El Consejo General de Colegios de Veterinarios de España celebrará el sábado una asamblea para estudiar las próximas acciones que llevarán a cabo los profesionales si el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no modifica el Real Decreto 666/2023, que entró en vigor el 2 de enero. De hecho, algunas de las opciones que se valorarán en el encuentro serán la posibilidad de convocar huelgas parciales o un paro general. Así lo comunicó este lunes Alejandro Suárez, presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas. «Queremos trabajar con autoridad clínica, y no atendiendo a una normativa que nos coarta, la mayoría de las veces, los tratamientos a los animales. Vamos a seguir luchando para conseguir cambiar esta norma, o incluso, que se derogue», anotó.

Tal y como informó Suárez, el planteamiento de la huelga se evaluará «con mucha responsabilidad», pues, si se lleva a cabo, se traduciría en la paralización de la actividad de todos los veterinarios del país. «Esto implicaría que las clínicas veterinarias ofrecieran solo unos servicios mínimos, pero también tendría impacto en la industria alimentaria y en las inspecciones de Salud Pública. El asunto es complejo y aún está en el aire, por lo que habrá que analizarlo con todos sus matices», detalló.

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El pasado domingo, miles de veterinarios salieron a las calles en toda España para protestar contra este decreto. No obstante, en Fuerteventura y Gran Canaria las manifestaciones tuvieron lugar el sábado, coincidiendo con la celebración de una feria del sector en esta última isla. En la capital grancanaria, la cita reivindicativa contó con la participación de unos 400 profesionales. «El dato es llamativo porque en la provincia de Las Palmas hay en torno a unos 800 compañeros y compañeras. A nivel nacional, el volumen fue bastante significativo», valoró el presidente de la citada agrupación provincial.

Criterio científico

Para Suárez, el principal defecto del real decreto es la falta criterio científico, ya que establece importantes limitaciones a la hora de prescribir antibióticos a los animales. A esto se suma que las recetas deben quedar reflejadas en el sistema Presvet, una aplicación que supervisa el Ministerio y que contempla sanciones desproporcionadas si la comunicación no se realiza de forma correcta. «Sabemos que la resistencia antimicrobiana es un problema global de salud pública, pero la normativa se ha centrado en el ámbito veterinario. Sin embargo, la ciencia dice que la mayoría de resistencias a antibióticos proviene de los seres humanos», comentó.

La nueva norma obliga a los veterinarios a realizar cultivos bacterianos antes de prescribir los antibióticos más potentes, a pesar de que tengan la certeza clínica de que el tratamiento será eficaz, lo que va de la mano de un retraso de la administración de las terapias. 

Pero el conflicto es más profundo, pues si el prospecto de un medicamento no estipula que su uso sea para una especie determinada, no puede ser pautado aunque la ciencia garantice su eficacia. «En estos casos habría que hacer una petición excepcional, con todos los trámites que eso implica», agregó Alejandro Suárez.

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A su juicio, la medida antepone el criterio burocrático al científico y pone en riesgo la capacidad de actuación de los profesionales del gremio. Y es que la norma también impide a los veterinarios ceder las dosis exactas de antibióticos, una determinación que obliga a los propietarios de las mascotas a acudir a las farmacias a comprar la caja completa del medicamento, que es frecuente que contenga una cantidad mayor de la necesaria. 

«Estamos obligando a los dueños a desechar productos que no van a utilizar y a recorrer varias boticas en el caso de que el fármaco no se encuentre disponible en algunas de ellas. Por otro lado, nos estamos exponiendo al riesgo de que puedan guardarlo para poder utilizarlo en algún otro momento», alerto el responsable de la institución.

En este sentido, el profesional puso de relieve que el sector veterinario ha conseguido reducir de forma notable el empleo de antibióticos en el país en el transcurso de los últimos años. «No entendemos que en España se haya regulado el consumo de esta manera y que en otros países como Alemania o Francia no se aplique el mismo criterio» , apostilló el experto. 

Las protestas ya suman meses de recorrido. Hay que recordar que el pasado 11 de febrero, los centros veterinarios de España cerraron sus puertas durante una hora, como muestra de rechazo a la nueva norma. La acción fue respaldada por miles de profesionales de todo el territorio. «Todo esto obedece a una queja de un colectivo contra una legislación que creemos que se ha hecho de espaldas a la profesión», concluyó el presidente del Colegio de Veterinarios de Las Palmas.

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