Las universidades cargan contra el gobierno por excluirlas de la Ley Canaria de la Ciencia

Las dos universidades públicas del Archipiélago, la Universidad de La Laguna (ULL) y la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han dirigido una carta firmada por ambos rectores a los grupos políticos del Parlamento autonómico para mostrar su "profundo malestar" con la nueva Ley de Ciencia de Canarias. Durante su elaboración, ninguna de las dos instituciones tuvo acceso al borrador de la normativa, por lo que consideran que han sido excluidas del proceso.

En la carta, Luis Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL) lamentan no haber sido invitados a participar, un hecho que podría ser constitutivo de nulidad, como ya advirtió un informe del Consejo Consultivo. Pese a que ambos espacios aglutinan prácticamente la totalidad de la investigación científica de las Islas, las universidades no tuvieron conocimiento alguno del texto hasta que se remitió al Parlamento. "Expresamos, por tanto, un firme desacuerdo y consideramos que esta exclusión constituye una oportunidad perdida, pues el proyecto de ley, tal como está formulado, no profundiza ni resuelve los problemas actuales en materia de I+D+i", señalan en el escrito.

Además de expresar su descontento, los rectores también han aprovechado para denunciar las deficiencias que han detectado en el texto. Una de las decisiones que más les ha sorprendido es la de no contemplar en el documento un título específico dedicado a la transferencia de conocimiento, es decir, a acciones concretas para que los avances en investigación salgan directos de las aulas y los laboratorios a las empresas del Archipiélago.

En especial porque, según apuntan, el presidente y la consejera han manifestado que esta es una prioridad estratégica de la legislatura. "Esta laguna es aún más llamativa si se compara con las leyes recientes de otras autonomías como La Rioja, Cataluña, Cantabria o Baleares, que dedican títulos enteros o capítulos específicos a esta materia", subrayan.

Incluir, con nombre propio, a las universidades

Para remediar aquellos aspectos en los que consideran que la normativa flaquea, los rectores proponen varias modificaciones al Anteproyecto de Ley. La primera, mencionar con nombre propio a las universidades en la norma. En concreto, exigen un título específico en el que se reconozca a las universidades públicas de Canarias como "agentes principales y singulares del sistema regional de I+D+i".

En este apartado, exigen que se incluyan aspectos como qué mecanismos de apoyo y financiación hacen falta para impulsar la labor de ambas instituciones. También quieren que el texto incluya una disposición que obligue a la Consejería competente a proveerles de los recursos humanos y materiales suficientes. Si no se incluyeran estos reconocimientos, critican, "la ley nacería coja".

Hacer más atractiva y estable la labor investigadora

El escrito remitido también propone desarrollar una carrera investigadora pública más "atractiva y estable". Con esta medida pretenden atraer, retener y traer de vuelta al talento canario. Para ello, aseguran que la ley tendrá que recoger una contratación más estable,  implantando figuras contractuales indefinidas o de larga duración una vez superadas ciertos exámenes; una evaluación y promoción por méritos científicos; más facilidades para la movilidad externa e interna de investigadores; y una mayor vinculación con el sector productivo, incentivando fórmulas de colaboración público-privada a través, por ejemplo, de los conocidos como contratos industriales en empresas.

Otras propuestas

En la carta, que se extiende hasta las veinte páginas, también resaltan otras reclamaciones como la inclusión explícita de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) como órgano vertebrador del sistema, el reconocimiento y financiación de estructuras de investigación de excelencia y una clasificación detallada de los agentes sistema (universidades, organismos públicos de investigación, institutos, hospitales, centros tecnológicos o empresas innovadoras).

Las universidades reclaman también una representación acorde a su peso investigador en el Consejo asesor, donde quieren tener la mayoría total de los miembros con derecho a voto. La inclusión de todas las áreas del conocimiento en la estrategia de I+D+i, la simplificación y agilización administrativa de la gestión de la I+D, la publicación anual de un calendario de convocatorias o la exclusión de los trámites aduaneros del equipamiento científico son otras de sus demandas.

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