Una ley para proteger y reconocer la labor docente en Canarias

El reconocimiento y la protección de la labor docente en Canarias llega al Parlamento para convertirse en una ley. Los grupos que apoyan al Gobierno regional (Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente) presentaron este 4 de junio una proposición de ley para blindar la autoridad del profesorado en las aulas y fomentar su valoración social, una vieja reivindicación de los sindicatos del sector.

Durante una rueda de prensa, los diputados Sonsoles Martín (PP), Yonathan Martín (CC), Melodie Mendoza (ASG) y Raúl Acosta (AHI), esperan que la nueva normativa pueda ser aprobada por unanimidad en el Parlamento regional y, para ello, han invitado al resto de formaciones (PSOE, NC y Vox) a hacer sus peticiones para que esté vigente el próximo curso escolar.

Aunque ya existe un decreto en Canarias que reconoce a los docentes como autoridad pública, los grupos parlamentarios consideran que es necesario elevar el reconocimiento a rango de ley, como ya ocurre en otras once comunidades autónomas. Con ello, estiman que se refuerza el respaldo al profesorado por parte de la administración, sobre todo, ante situaciones conflictivas con el alumnado.

"Planteamos que el profesorado tenga presunción de veracidad cuando ocurre algún incidente en la clase; asistencia jurídica y psicológica en el caso de que la necesitara y que se respalde y se respete la figura del docente para que haya una mejora de la convivencia en las aulas", explica Martín. Por ejemplo, se trata de otorgar un rango similar al de un policía en su ámbito, con una normativa sancionadora similar y para que, de esta forma, en un juicio su testimonio tenga mayor valor probatorio.

Aumento de incidencias en las aulas

Esta iniciativa es también una respuesta a un informe publicado en noviembre del año pasado por el sindicato Anpe, en el que se recoge que las incidencias en los centros educativos han aumentado durante cuatro años consecutivos. Un total de 163 de docentes acudieron al servicio Defensor del Profesorado de Anpe por conflictos como amenazas, agresiones o acoso en los espacios donde trabajan, seis más que el curso pasado.

"Ese aumento hace que desde los grupos que apoyamos al Gobierno estimemos que ya es hora de que exista esa proposición de ley de reconocimiento de autoridad docente", abunda Martín. Con ello, también se pretende disminuir la conflictividad en las aulas y, por ende, mejorar la convivencia. Además, con la presentación de la propia ley «eso ya implica una mayor valoración a su figura», agrega Martín. 

Por su parte, en declaraciones recogidas por Efe en la sede del Parlamento en Santa Cruz de Tenerife, Melodie Mendoza ha aclarado que la ley no perjudicará a los estudiantes, sino todo lo contrario, porque se pretende "proteger aún más los derechos del alumnado" al dotar a los docentes de herramientas para que las aulas sean "lugares de convivencia pacífica" y de "respeto mutuo". Y Yonathan Martín ha indicado que los profesores son "la piedra angular" del sistema educativo, razón por la que "tenemos que respaldarlos, apoyarlos y darles herramientas ante situaciones de conflicto".

Medidas concretas

Anpe Canarias, sindicato mayoritario del profesorado de la enseñanza pública no universitaria en las Islas, valora de forma positiva la propuesta, especialmente que incluya la protección jurídica y psicológica del personal docente, así como la creación de una unidad administrativa especializada en el apoyo y asesoramiento ante conflictos, dentro y fuera del aula.

El sindicato apoya también que se recoja la necesidad de mejorar las condiciones laborales y retributivas, puesto que muchos de los complementos asociados a funciones y cargos llevan años sin actualizarse y, en algunos casos, ni siquiera se remuneran, lo que ha contribuido al deterioro del poder adquisitivo de los docentes.

"El profesorado necesita sentirse respaldado por la administración. Una ley que refuerce su papel como autoridad pública es un paso necesario, pero debe ir más allá del reconocimiento simbólico y traducirse en medidas concretas y eficaces”, ha declarado el presidente de Anpe Canarias, Pedro Creso, en un comunicado. En este sentido, Anpe demanda que se simplifiquen y agilicen los protocolos de protección y asistencia jurídica y psicológica del docente, que se recuperen las pagas dobles para los empleados públicos y echa en falta una mayor concreción en las labores destinadas a reconocer la labor del profesorado.

A su juicio, el texto debe contemplar el desarrollo de campañas institucionales que visibilicen el valor del oficio ante la comunidad educativa y el conjunto de la sociedad. “Estamos dispuestos a contribuir para que esta ley se convierta en una herramienta útil y efectiva que dignifique y proteja de verdad a quienes educan”, remarca Crespo.

Por su parte, el portavoz de STEC-IC, Gerardo Rodríguez, también considera que la normativa es "totalmente necesaria" porque "en los últimos años el profesorado ha ido perdiendo legitimidad desde el punto de vista social". Por ello, aboga por la mayor celeridad posible para que la ley sea una realidad "y se proteja la labor y la figura de los docentes".

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