Condenan al SCS por la muerte de un bebé al no practicar a tiempo la cesárea

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n4 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Servicio Canario de Salud (SCS) a indemnizar a una mujer por el fallecimiento de su bebé al no practicarle a tiempo la cesárea. Según informa el Defensor del Paciente en un comunicado, en el fallo del juzgado se ha estimado el recurso contencioso formulado por el letrado José Antonio Betes y dicta condena en firme para el SCS, que deberá abonar 146.181 euros a doña T.T.S. y a su esposo don F.D.L. por la muerte de su hija como consecuencia de la mala praxis médica ofrecida durante el parto.

Los hechos se remontan al 23 de noviembre de 2020 cuando la afectada, que contaba con 49 años, ingresó en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, con 40 semanas y cuatro días de gestación de su primera hija. Se denunció la carencia de información sobre los motivos para inducir el parto, los riesgos personalizados de la paciente, ni las alternativas a dicho tratamiento, no constando la identificación del médico informante acerca del consentimiento ofrecido y su necesaria relación con la autonomía de la paciente.

Es decir, no hubo un consentimiento informado suficiente, en atención a los derechos de la paciente, no se le ofreció tampoco, una vez avanzaba el parto, la opción del procedimiento de cesárea, concurriendo que la actuación del SCS ha provocado en la afectada una infracción a la autonomía y capacidad en la toma de decisiones.

Condiciones clínicas

Además de lo anterior, ahondando en la infracción de la lex artis con resultado de muerte del nasciturus, y, respecto al desarrollo del parto, su inducción y la valoración de la situación de madre y feto a medida de cada una de las medidas de seguimiento de ambas, y la afirmación que se le debió plantear la posibilidad de cesárea, al menos desde a partir de las 4:20h del día 24/11/20.

En ese momento, según la sentencia, aparece un patrón no tranquilizador de la frecuencia cardíaca fetal, lo que sumado a una escasa dilatación, la cabeza del feto por encima de la pelvis materna, el antecedente de meconio, y siendo una mujer primípara de 49 años y embarazo in vitro, obligaba a comprobar el estado de oxigenación del feto mediante la toma de PH por punción de la calota.

Explica la Asociación El Defensor del Paciente que ante la imposibilidad de poder hace esto (por la escasa dilatación y la altura de presentación del feto), se debió practicar en ese momento una cesárea y no se hizo; sin embargo pasadas unas horas, (y tras taquicardia fetal según recoge el informe pericial de la recurrente), se hicieron dos obtenciones de muestra de PH, a las 11:57 y 12 horas y tras éstas, se decide la cesárea urgente, si bien, "ya era demasiado tarde".

El Juzgado condena indemnizar a los padres en la cantidad de 146.181 euros más intereses legales devengados desde la fecha de reclamación en vía administrativa y las costas de esta primera instancia, aunque el daño es irreparable, los padres afectados reclaman que estos casos no se vuelvan a producir mediante una mejor atención facultativa a las gestantes.

La defensa del caso ha sido ejercida por el letrado José Antonio Betes, especialista en Derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ en Canarias.