La polémica granja avícola de Mallorca, de nuevo bajo el foco: entidades ecologistas denuncian la presencia de ratas, cadáveres y suciedad extrema

La principal empresa avícola de Baleares, Avícola Ballester, que engloba las sociedades Avícola Ballester S.A. y Avícola Son Perot S.A., se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras la denuncia presentada ante la Fiscalía de Medioambiente por las organizaciones ecologistas ARDE (Animal Respect and Defence for the Environment) y Satya Animal. La acusación se centra en la granja avícola de Llucmajor, por presuntos delitos contra la salud pública y estafa, ante la revelación de un escenario de insalubridad extrema y posibles prácticas engañosas que ponen en entredicho el bienestar animal y la transparencia para el consumidor.

Las revelaciones, que incluyen impactantes imágenes, provienen -según afirman desde ARDE- de una investigación realizada en abril de 2025. Los activistas describen un panorama desolador: una granja de siete naves con 136.000 gallinas y un estercolero de 5.000 metros cuadrados donde la falta de higiene es alarmante. Se ha documentado la presencia de telarañas, una densa mezcla de polvo, tierra y plumas, y lo más preocupante, la convivencia de gallinas vivas con decenas de cadáveres de su misma especie en diferentes estados de descomposición, algunos incluso canibalizados. A esto se suma la presencia de ratas e incluso erizos en las instalaciones. Al parecer fue un informante anónimo el que relató a las ONG lo que había observado, y explicó que "nada más dar un paso, había ratas corriendo para arriba y abajo de las estructuras".

Las organizaciones han alertado sobre el grave riesgo zoonótico que implica la presencia de otras especies animales en la granja, lo que significa que se podrían transmitir enfermedades a humanos como la leptospirosis o la salmonella.

Uno de los aspectos más controvertidos de la denuncia radica en el presunto fraude relacionado con los huevos camperos y la credibilidad del sello de bienestar animal Welfair, del cual dispone la granja. Según apunta Julia Elizalde, portavoz de ARDE, una grabación demuestra "cómo las gallinas camperas no salen al exterior durante al menos seis días seguidos, permaneciendo las puertas de las naves cerradas". Este hecho, de confirmarse, contravendría directamente el Reglamento 2023/2465 de la Comisión Europea, que estipula el acceso ininterrumpido y durante todo el día a un espacio al aire libre para este tipo de gallinas.

Es alarmante que esta granja tenga el sello de bienestar animal, cuando desde el punto de vista administrativo su actividad es ilegal y penalmente podría estar incurriendo en varios delitos

Marina Sánchez

— Presidenta de Satya Animal

La implicación económica de esta práctica es significativa. Las entidades denuncian que los consumidores pagan de media un 35% más por un huevo campero en comparación con uno de gallinas criadas en suelo, bajo la creencia de que están adquiriendo un producto de mayor calidad y que respeta el bienestar animal. Si las condiciones de acceso al exterior no se cumplen, se estaría incurriendo en un delito de estafa, tal como lo ejemplifica el caso en Estados Unidos de Alderfer Egg Farms mencionado por las ONG denunciantes, empresa que acordó pagar 287.500 dólares por publicidad engañosa por motivos similares.

La presidenta de la asociación mallorquina Satya Animal, Marina Sánchez, también ha expresado su consternación por la situación al manifestar que "es alarmante que esta granja tenga el sello de bienestar animal, cuando desde el punto de vista administrativo su actividad es ilegal y penalmente podría estar incurriendo en varios delitos. De este modo, el certificado se convierte en una mera herramienta de marketing. Los consumidores son engañados, creyendo apoyar el bienestar cuando en realidad están financiando la explotación y el sufrimiento animal en una granja en situación totalmente irregular".

Las polémicas: de la "macrogranja" de Sineu a vertidos ilegales

La granja de Llucmajor de Avícola Ballester no es ajena a la polémica. En octubre de 2024, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ya había trasladado a la Fiscalía un informe que detallaba presuntos incumplimientos de la normativa ambiental por parte de Avícola Son Perot en esta misma explotación.

Además, en 2024, la granja fue sancionada con una multa de 150.000 euros por operar sin la preceptiva autorización ambiental integrada desde 2017 y por un manejo incorrecto de los excrementos. ARDE y Satya Animal subrayan que la granja, a día de hoy, continúa funcionando de forma ilegal al carecer de dicho trámite obligatorio. Paradójicamente -recuerdan los denunciantes -durante ese mismo periodo, la granja recibió una ayuda económica de más de 380.000 euros procedente del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) destinada a la construcción de un centro de clasificación de huevos.

La empresa ya había acaparado titulares en verano de 2024 con la propuesta de construir la mayor granja de España en la finca de Son Vanrell, en Sineu, con una capacidad para 739.000 gallinas. Este ambicioso proyecto encontró una fuerte oposición de ayuntamientos y diversas entidades de la sociedad civil, y culimnó en enero de este mismo año con la aprobación del Decreto 1/2025 por parte del Govern balear, que prohibía, así, las explotaciones avícolas de más de 160.000 animales en las islas.

A finales de 2024, la situación se agravó cuando las asociaciones vecinales documentaron un vertido de centenares de gallinas en una zanja presuntamente cavada por la granja, una actividad que incumpliría flagrantemente la normativa en materia de gestión de residuos con riesgos biológicos. También se observaron extintores caducados y fuera de las naves, así como contenedores con cadáveres en estado de putrefacción repletos de gusanos.

Quejas vecinales

La actividad de la granja tiene un impacto directo y severo en la calidad de vida de los vecinos de Llucmajor, como ellos mismos han denunciado en numerosas ocasiones. Más de 9.000 residentes se han visto afectados por plagas de moscas, olores nauseabundos y problemas de salud que van desde afecciones respiratorias y migrañas hasta vómitos.

Natalia García, vecina de una urbanización a menos de un kilómetro de la granja, describe el día a día: "Olores, moscas, dolor de cabeza… Te produce malestar anímico, te limita mucho la convivencia con tus vecinos o con tu familia porque no puedes hacer vida normal en tu casa. En verano estamos encerrados para evitar respirar aire contaminado", lamenta. Xisco Amaya, otro afectado, corrobora la situación: "Cuando no hay una atmósfera nauseabunda con amoniaco, está todo lleno de moscas. No hemos podido invitar a ningún amigo a casa", subraya.

Ante la gravedad de la situación, las asociaciones vecinales y las entidades de protección medioambiental y animal han sido claras en su exigencia: piden el cierre inmediato de la explotación avícola. Argumentan que la granja no es autorizable en base a la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, que establece la imposibilidad de otorgar el permiso ambiental a proyectos ya ejecutados que no se hayan sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Por tanto, sostienen que la empresa debería cesar su actividad, desmantelar la instalación para restaurar el entorno original y comenzar de nuevo los trámites.

Desde este mismo martes, la entidad ecologista ARDE pondrá en marcha una petición de firmas solicitando el cierre definitivo de la granja, intensificando, así, la presión sobre las autoridades y la empresa.

Ante las acusaciones, Avícola Son Perot ha asegurado en una nota de prensa que todas sus granjas, incluyendo la de Llucmajor, "están sometidas a rigurosos controles internos y externos". Enfatiza que cuentan "con la certificación en Bienestar Animal Welfair, otorgada por AENOR, uno de los organismos de evaluación más reconocidos a nivel europeo". Como prueba de ello, señalan que "el pasado martes 20 de mayo se llevó a cabo la auditoría anual correspondiente en la granja de Llucmajor, superándose con normalidad."

Además, la empresa declara que sus instalaciones "reciben inspecciones periódicas por parte de los servicios veterinarios y técnicos de la Administración Balear, cumpliendo siempre con los estándares de calidad, seguridad y bienestar exigidos por la normativa vigente". Por todo ello, consideran que "cualquier inquietud sobre el estado de nuestras granjas queda debidamente aclarada".

Avícola Son Perot advierte, así, que su departamento jurídico "permanece atento a cualquier posible publicación sobre este asunto y actuará en consecuencia si se considera que se vulneran los derechos e intereses legítimos de la empresa".

Trazabilidad y comercialización en grandes superficies

Las entidades denunciantes han aportado datos sobre la trazabilidad de los huevos. Según ARDE, los procedentes de la granja de Llucmajor atienden al código sanitario 14.003332/IB, expedido por la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición).

Además, señalan que Avícola Son Perot declara en su página web "abastecer la gran demanda que se produce en el sector hotelero en Baleares y grandes superficies". Como prueba de la vinculación comercial, las asociaciones incluyen material gráfico tomado en abril de forma presencial en grandes cadenas de supermercados ubicados en Baleares, que acreditan que la empresa comercializa huevos de la granja de Llucmajor en Mercadona, Eroski y Alcampo.

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