Falta de seguridad jurídica y fallos en transparencia: las 'pegas' del Consultivo a la nueva Ley Canaria de la Ciencia

El Consejo Consultivo duda de la seguridad jurídica de la nueva Ley Canaria de la Ciencia y le afea haber completado a medias los trámites de transparencia. Como explica este informe, previo a la entrada de la ley en el Parlamento de Canarias, al establecer "recomendaciones, principios o directrices sobre la materia que se regula" e introducir conceptos jurídicos indeterminados que podrían comprometerla. Son las dos críticas principales que este órgano le ha realizado a esta nueva normativa, que viene a reemplazar la que lleva más de veinte años vigente en Canarias y que, con el paso del tiempo, ha quedado desfasada.

Aunque el Consultivo concluye que el proyecto "se ajusta, con carácter general, a la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto de ordenamiento jurídico" de las Islas, y, por tanto, cumple todos los requisitos para pasar a trámite parlamentario, para la oposición, las pegas que le ha puesto son suficientes como para considerar la ley "un insulto a la comunidad científica". Así lo ha denunciado la diputada socialista, Alicia Pérez, en el Parlamento de Canarias, donde ha criticado que esta propuesta no responde a lo que se espera de "una verdadera ley de ciencia"

Las universidades sin acceso a la ley

"El informe también hace referencia a la falta de definición de las competencias propias de la comunidad autónoma, a la falta de audiencia a las corporaciones locales, y a las “contradicciones” a la hora de atribuir las competencias de I+D+i a un único o a varios departamentos", recalcó Pérez quien, además, afeó que  las universidades no tuvieran acceso al documento hasta que no llegó al Parlamento.

Esto último ha sido confirmado por ambas instituciones. En el caso de la ULL, su vicerrector de investigación, Antonio Aparicio, ha criticado que no se les haya llamado aún de ningún partido político para poder debatir sobre la propuesta de ley. No en vano, el 95% de la ciencia realizada en Canarias se lleva a cabo desde las propias universidades y "dos tercios" recaen en la ULL y el IAC.

Además, el informe resalta que el Sistema Canario de Ciencia, Tecnología e Innovación, “que es una de las figuras centrales en las que se articula esta Ley”, tiene una definición “vaga e imprecisa, pudiendo comprometer la seguridad jurídica”.

En este sentido, Pérez también ha criticado que la normativa se centre más en el carácter económico de la I+D+i que en la búsqueda y generación del conocimiento. “Prácticamente, no menciona a la ciencia básica y ni siquiera destina un solo artículo a las universidades públicas canarias, que, insisto, son el principal ámbito donde esta se desarrolla”. "No es una verdadera ley de ciencia", sentenció.

Más de 260 agentes participantes

Por su parte, la consejera de Universidades, Ciencia y Cultura, Migdalia Machín, ha salido al paso poniendo de valor la actualización de la normativa tras más de veinte años de vigencia de la anterior aludiendo a que "lo estaba pidiendo a gritos".

En este sentido, también se ha defendido alegando que construyeron la ley "de acuerdo a lo que solicitaba el ecosistema canario". Y es que, como también recordó en su respuesta oral en el Pleno del Parlamento, antes de empezar a redactar esta ley, se llevaron a cabo jornadas de participación activa para presentar las líneas principales que contemplaría la nueva normativa y abrieron un proceso de participación en el que concurrieron "290 agentes del ecosistema".

El Consultivo, sin embargo, afirma que "aunque en la tramitación consta el cumplimiento de trámite d econsulta pública previa, lo cierto es que se hace necesario el cumplimiento efectivo y real y no parcial de los trámites de audiencia e información pública".

"Ahora le invito a tender la mano y mejorar el documento, aparte de tener un debate sosegado", concluyó Machín haciendo alusión directa a las palabras de Pérez.

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