Los trabajadores sociales denuncian el nuevo decreto de dependencia canario por cargar de papeleo al ciudadano: "No podemos permitir que se enfrenten a trámites imposibles"

El nuevo decreto de dependencia canario va a cargar de papeleo a los ciudadanos. Así lo han denunciado los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife que han expresado su "profunda preocupación" ante la entrada en vigor de esta normativa (el decreto 46/2025) aprobada por el Gobierno en abril con la promesa de agilizar la burocracia. En la práctica, según estos trabajadores, la burocracia no solo no va a terminar, sino que se va a redirigir hacia los solicitantes. 

En una nota conjunta, los colegiados han destacado que "bajo el argumento de la agilidad y la disminución de las listas de espera, se esconde una mayor burocratización y un empobrecimiento de la atención". Como insisten, la nueva normativa no incide en lo realmente importante que es "la falta de personal y de gestión de la calidad". Por tanto, no va a tener el efecto deseado ni anunciado por la Consejería de Bienestar Social.

Los profesionales critican que el modelo haya sido presentado como un método de simplificación cuando, si bien va a aligerar la carga administrativa para el Gobierno de Canarias", trasladará toda la complejidad a la ciudadanía. "Los solicitantes tendrán que completar un modelo de solicitud exhaustivo y difícil de interpretar", insisten. 

En concreto, a partir de su entrada en vigor, el nuevo modelo de solicitud exigirá "a las personas solicitantes proporcionar una extensa y detallada información económica y social de toda la unidad familiar". Esto incluye datos bancarios, de salud y detalles sobre su entorno familiar, incluso antes de saber si se les reconocerá algún grado de dependencia.

Un nuevo modelo de solicitud

En este sentido, el nuevo modelo de solicitud solicita que las familias elijan directamente los servicios o prestaciones que consideran adecuados, sin la orientación de profesionales especializados. Por esta razón, los colegiados advierten que esto aumentará "el riesgo de decisiones mal informadas que no respondan a las verdaderas necesidades de la persona en situación de dependencia". 

La nueva norma también pedirá autorización para acceder a datos "sanitarios" y sobre "circunstancias familiares y sociales" sin especificar claramente cuáles son estos datos, lo que, a ojos del colectivo, plantea "serias dudas" sobre el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y la confidencialidad de la información personal que consultara el Gobierno de Canarias.

El nuevo modelo no requerirá ni informe social ni incorpora el informe de entorno. Esta doble ausencia priva al procedimiento de valoración de herramientas esenciales para interpretar el contexto y las necesidades reales de la persona solicitante. 

Uno de los aspectos más preocupantes del nuevo procedimiento, a juicio de los colegios, es que se obliga a la persona a decidir, en el mismo momento de la valoración y elaboración del PIA (Programa Individual de Atención), qué servicio o prestación desea recibir, sin haber tenido tiempo para reflexionar e informarse adecuadamente. "Esta decisión se tomará minutos después de haber valorado su grado de dependencia, en un contexto de alta carga emocional e informativa y sin garantías de comprensión clara de las implicaciones de cada alternativa", destacan.

A ello se suma una medida "especialmente lesiva", comentan, pues el decreto establece un plazo máximo de tres meses desde el reconocimiento de la situación de dependencia para hacer uso efectivo del servicio o prestación asignada. En caso de no hacerlo en ese plazo, se perdería el derecho adquirido, salvo que se justifique ante la administración que la demora no fue imputable a la persona interesada.

"Maltrato institucional"

Desde los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Canarias consideran que esta exigencia "es una forma más de maltrato institucional, al forzar procesos de ejecución de decisiones en contextos de sobrecarga de cuidados y tensión emocional, con el único objetivo de cerrar expedientes y engrosar artificialmente las cifras de tramitación del sistema".

Este nuevo decreto pone en evidencia una "desconexión profunda" entre la administración autonómica y la realidad de las personas en situación de dependencia y de los equipos que las atienden, exponen. "No se puede hablar de mejora cuando lo que se ofrece es un procedimiento farragoso e inaccesible. No se puede hablar de protección si desaparece la mirada profesional, social y contextual", apuntan.

Desde los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Canarias avisan de que no serán "cómplices del desmantelamiento progresivo de un sistema que debe garantizar derechos, no obstáculos". Por ello defienden un modelo de atención a la dependencia centrado en la persona, accesible, justo y técnicamente solvente. "No podemos permitir que quienes más apoyo necesitan se enfrenten a trámites imposibles", indican.

Considerándolo una "involución" en la atención ofrecida, los trabajadores auguran que esta situación generará "un colapso" de los servicios sociales municipales. "Lejos de simplificar los trámites para las personas en situación de dependencia, esta nueva normativa traslada la carga administrativa a la ciudadanía", sentencian. 

El colectivo también ha puesto de relieve el agravio que supone que esta normativa esté dirigida a personas dependientes y sus familias. "Un colectivo fragilizado, con una biografía marcada por el esfuerzo, al que la administración pretende sumar más carga", remarcan. Además, como advierten, es posible que esta situación genere un efecto secundario en la propia administración: "obligará a muchas personas a acudir repetidamente a los servicios sociales municipales en busca de ayuda para completar la solicitud, lo que saturará aún más unos servicios ya sobrecargados".

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