¿Cuáles son los solicitantes de asilo más afectados por la ley de extranjería?

El nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería, medida diferente a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que el Gobierno plantea regularizar a unos 400.000 extranjeros, se ha puesto en marcha esta semana, aunque lleva aprobado desde noviembre de 2024. La normativa fue propuesta para agilizar trámites y dar garantías tanto a trabajadores migrantes como a empresas que los contraten. Pero recientemente varias oenegés, abogados especializados e incluso el Defensor del Pueblo han apuntado que algunos colectivos se verán perjudicados. 

Una de las principales modificaciones que incluye el reglamento es la reducción del periodo exigido para acceder a los permisos de residencia y trabajo que otorga el arraigo, que pasa de tres a dos años de estancia. Se agilizan los plazos para algunas personas migrantes, pero tiene una contrapartida. Del arraigo, que valora el tiempo de residencia y los vínculos laborales y sociales de las personas extranjeras en el país, se suelen beneficiar los solicitantes de asilo que ven rechazada su solicitud. Hasta ahora, el tiempo que pasaban esperando a la resolución, que suele alargarse más allá de los seis meses que prevé la ley, según Naciones Unidas, les computaba como periodo de permanencia. Con el nuevo reglamento, ya no será así.

Tiempo perdido

A partir de ahora, a las personas a las que se deniegue su solicitud de asilo no se les reconocerá el tiempo previo a la resolución (artículo 126 del nuevo reglamento) y tendrán que esperar dos años más en situación administrativa irregular para solicitar una autorización por arraigo. “Personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando y desarrollando sus proyectos de vida con reconocimiento de derechos en España, serán penalizadas dejándolas en situación administrativa irregular, perdiendo los derechos reconocidos”, denuncian cinco entidades que trabajan con migrantes a través de un comunicado.

Para resolverlo, el Ministerio de Inclusión prevé una disposición transitoria en la que todas las personas que hayan recibido un “no” de la Administración antes del 20 de mayo de 2025, cuando entró en vigor la norma, podrán solicitar una autorización de residencia por arraigo si han estado seis meses en situación irregular en el país (y no dos años). 

Pero, ¿qué pasa con los que todavía no han obtenido una respuesta? Su contador se pondrá a cero el día en que les rechacen el procedimiento y tendrán que esperar dos años más para poder demostrar arraigo. Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) aseguran a Verificat que esto provoca una ruptura del proceso de inserción que los migrantes han iniciado desde hace meses o años. Se trata, según la oengé, de una pausa que puede conducir al afectado a la economía sumergida y a dificultades en el alquiler. También hablan de perjuicios para la sociedad de acogida y los empleadores, que se quedarán sin trabajadores que, hasta el momento, estaban de forma legal en España.

Los perfiles que esperan una respuesta

Los últimos datos de Eurostat indican que en febrero pasado había 264.765 personas pendientes de asilo. En 2024 se rechazaron en primera instancia casi la mitad de solicitudes, aunque la cifra varía en función del país de origen de la persona solicitante, con lo que el número de potenciales perjudicados del nuevo reglamento se dispara por encima de las 100.000 personas.

En la espera, destacan las procedentes de Venezuela (94.790), las de Colombia (87.180) y las de Perú (21.190). Estas dos últimas, además, son nacionalidades con tasas de rechazo especialmente altas.

No todas las nacionalidades tienen las mismas probabilidades de ver aprobada su solicitud de asilo. Teóricamente, el asilo está pensado para personas que no pueden volver a su país de origen por estar expuestos a grandes riesgos: persecuciones, torturas o amenazas a la vida, entre otros. Sin embargo, existen países con situaciones políticas conflictivas, o con persecuciones por diferentes motivos, cuyos ciudadanos tienen bajas tasas de aceptación. 

Es el caso de nacionales de Colombia (94,47% rechazadas), donde existen persecuciones hacia grupos indígenas o afrodescendientes, según informa Amnistía Internacional, y de Perú (95,57% rechazadas), de acuerdo con datos de Eurostat. Los colombianos son, de hecho, la segunda nacionalidad que más personas tiene a la espera de una resolución de asilo y una de las que más se rechazan, lo que provoca problemas administrativos a estos ciudadanos. 

Otros países con conflictos o perjuicios contra los derechos humanos que tienen tasas de rechazo próximas al 80% en 2024 fueron, por ejemplo, El Salvador, Honduras o Nigeria.

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