Educación
La denuncia por acoso a un profesor de Economía de la ULL prescribe sin sanción de la universidad
La universidad perdió la posibilidad de iniciar un proceso sancionador contra el docente tras el juicio por dejar transcurrir el tiempo del expediente mientras se encontraba en sede penal

Alumnos pasean por el Campus de Guajara de la Universidad dela Laguna. / María Pisaca

La denuncia por acoso que recibió el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL), Juan Pablo del Río Disdier, prescribió antes incluso de que la institución pudiera ejecutar acción alguna contra él. Según admite la propia institución, el expediente caducó porque no se formalizó la petición de suspensión de la vía administrativa durante el proceso judicial, por lo que el tiempo corrió y, finalmente, la ULL –por aquel entonces liderada por el equipo rectoral de Rosa Aguilar– perdió la posibilidad de tomar cartas en el asunto.
El caso de este profesor de Economía saltó a los juzgados en 2018, después de que una alumna de Periodismo denunciara haber recibido hasta 80 correos electrónicos de carácter personal, algunos en horario de madrugada, entre el 19 de abril y el 16 de junio de 2017 a través del aula virtual, postales desde Madrid y cartas. Por aquel entonces, la Fiscalía solicitara seis meses de prisión para el docente considerándolo responsable de causar un «estado de intranquilidad y desasosiego» en dicha estudiante.
La fiscal consideraba al profesor de la ULL autor de un delito de acoso, ya que el docente, ante la indiferencia que mostraba la estudiante, amenazó con la posibilidad de negarle el acceso a la matrícula de honor de su asignatura «si no acudía a la revisión del examen o persistía en su actitud».
En 2019 el profesor fue absuelto por el Juzgado de lo Penal Número 8 de Santa Cruz por considerar que su actitud no era delictiva porque no alteró de forma grave el desarrollo de la vida cotidiana de la joven. No en vano, el delito de acoso por el que fue juzgado el profesor exige que la actitud del acusado sea insistente, reiterada, que no esté legítimamente autorizado para llevarla a cabo y que produzca una grave alteración de la vida cotidiana de la víctima. La jueza concluyó en la sentencia que, en este caso, se daban todos los elementos en el comportamiento del docente a excepción del último, por lo que solo procedía la absolución.
El tiempo contra la ULL
Tras este proceso, la ULL tenía la posibilidad de tomar medidas administrativas contra él, ya fuera apartarlo de la docencia o similar. De hecho, en noviembre de 2019, la rectora, Rosa Aguilar, adelantó a Periodismo ULL que, tras la absolución del delito, correspondía «a la ULL es continuar con el expediente que se había reabierto y esperar a que la instructora del caso indique lo que hay que hacer». Asimismo Aguilar insistió en que «ningún hecho de acoso en la Universidad de La Laguna» debía quedar «impune».
Sin embargo, tal y como confirma hoy –casi seis años después– el rectorado actual «el procedimiento administrativo iniciado por la Universidad de La Laguna quedó condicionado por una interpretación judicial específica». Según explica, «el Juzgado de lo Contencioso entendió que la remisión del caso a la jurisdicción penal no implicaba la suspensión automática de la vía administrativa y que habría sido necesario solicitar expresamente dicha suspensión». Y, al no haberse formalizado, «los plazos continuaron su curso», conllevando a la «prescripción del procedimiento administrativo una vez finalizada la vía penal».
Compromiso con el bienestar
Las denuncias vertidas en redes sociales sobre la forma de actuar de otros docentes en el aula han llevado al rector de la ULL a lanzar un comunicado con el objetivo de «proteger el honor» de la universidad que, como insiste: «está siendo atacado». García ha reafirmado su compromiso con los valores que definen a la institución y el bienestar de todas las personas. «La ULL dispone de protocolos e instrumentos para proteger a esta comunidad», recordó. En este sentido manifestó que «hemos aplicado con contundencia esa normativa para proteger a las personas que se han podido sentir lesionadas por esos comportamientos inadecuados», destacó.
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