Canarias recibe 218 quejas por el mal funcionamiento de las residencias en año y medio

Canarias ha recibido un total de 218 quejas relativas al funcionamiento de las residencias de mayores durante este último año y medio. Estas reclamaciones, que pueden denunciar desde la falta de una rampa hasta problemas graves de gestión, se han registrado prácticamente a partes iguales en ambas provincias: 111 en la provincia de Las Palmas y 107 en Santa Cruz de Tenerife.

Las más de 200 reclamaciones recogidas desde el inicio de 2024 se traducen en casi 13 escritos mensuales, una cifra que explicaría que el Servicio de Inspección haya tenido que intervenir hasta en nueve ocasiones en un mismo espacio.

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Desde julio de 2023, Bienestar Social ha llevado a cabo más de 450 inspecciones, entre ordinarias y de seguimiento, en 378 centros sociosanitarios del Archipiélago, según los datos que la consejera del área, Candelaria Delgado, expuso este viernes durante la comisión parlamentaria. Tras realizar estos controles, se ha procedido a cerrar dos residencias en Gran Canaria y se han abierto diligencias de investigación en Ofra y Garachico.

Delgado sostuvo que aunque se han abierto expedientes en las dos residencias de Tenerife, aún “queda mucho por hacer y por requerir”. Además, explicó que para cerrar los centros se precisan "razones legales", tras realizarse visitas y un seguimiento a las instalaciones por parte de los inspectores del Servicio de Inspección y de la Policía Canaria. 

Fallos en el procedimiento

Por su parte, la directora del Observatorio Canario de Derechos Sociales (Odesocan), Emma Colao, advirtió que hay un problema en el procedimiento de estas inspecciones. «La queja del ciudadano empieza a perder valor porque la administración interviene tarde y en varias ocasiones», relató.

Para la jurista, que los controles se repitan en un mismo centro hasta en nueve ocasiones es un síntoma de que el Ejecutivo no actúa con contundencia. «Para el Gobierno, anunciar el cierre de un centro no es un acto de valentía, sino de fracaso porque tienen miedo de perder plazas sociosanitarias». Según defendió, cuando se detectan irregularidades se les da demasiado tiempo a los centros para que las corrijan, llegando incluso a dejar que el expediente caduque. 

En este sentido, Colao también denunció que los equipos directivos de las residencias saben que van a ser inspeccionados antes de que se produzcan las visitas. «El fin último de una inspección no es sancionar, sino hacer que se cumpla la norma y no se está logrando en muchos casos». 

Ampliación de la plantilla

Durante la comisión, Delgado recordó que antes de que se iniciara la legislatura actual el Servicio de Inspección solo contaba con tres personas en su plantilla, una dotación “a todas luces insuficiente para un sistema de cuidados que debe funcionar con rigor y humanidad”. Para multiplicar los controles, Bienestar Social amplió el equipo hasta los veinte profesionales, incorporando una jefatura de servicio, quince técnicos universitarios y cuatro auxiliares administrativos. Otra de las medidas acordadas para reforzar el área fue la de incorporar a las labores de inspección a efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria. 

Como respuesta a la pregunta de Vox, la consejera también informó sobre el estado de la residencia de La Frontera, en El Hierro, que lleva siete años cerrada. "La reforma de este espacio no llegó a ejecutarse en el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias porque se le retiró el contrato a la empresa adjudicataria de las obras", argumentó. Para reabrir el centro, el Ejecutivo y el Consistorio insular han acordado colaborar en su rehabilitación, incluyéndolo en el tercer plan de infraestructuras. 

Durante su intervención también anunció que modificarán el decreto de acreditaciones porque se trata de un proceso “muy farragoso”, tanto para las administraciones públicas como para las entidades del tercer sector. “Se trata de un papeleo costoso incluso para aquellas asociaciones que prestan servicio desde hace más de veinte años”, reconoció. 

Además de simplificar el decreto de acreditaciones, el equipo de Bienestar Social ha creado un plan anual de inspección junto con fiscalía, para actualizar los protocolos de la red de buenas prácticas en centros residenciales.

Otras solicitudes

Por su parte, la diputada por Vox Paula Jover alertó de que muchos ciudadanos envían escritos al Parlamento en los que solicitan cuestiones como convertir la antigua Facultad de Bellas Artes en un centro de mayores o aumentar la inversión pública en infraestructura hospitalaria gerontológica de última generación.”He recibido testimonios muy duros, en especial, de las residencias de Garachico y Ofra, con instalaciones de más de 30 años de antigüedad y una renovación “que nunca llega”. 

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