El Tribunal Supremo evaluará si el Estado ha cumplido con los menores migrantes en Canarias

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anunciado este martes la celebración de una vista pública el próximo 29 de mayo para evaluar si se ha cumplido con la medida cautelar impuesta por el alto tribunal el pasado 25 de marzo que obligaba al Estado a garantizar, en un plazo improrrogable de diez días, la inclusión de los menores no acompañados que hayan solicitado protección internacional —o hayan manifestado su intención de hacerlo— en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.

Estos menores están actualmente bajo la tutela del sistema de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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El anuncio se produce tras una respuesta formal del Gobierno central que, según indica el Supremo en su providencia, "parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos" a lo ordenado en marzo. Por ello, la Sección Quinta de la Sala ha resuelto convocar a las partes implicadas: la Administración del Estado, como parte demandada, y el Gobierno de Canarias, como parte demandante.

Las claves

En la vista, la Administración del Estado deberá explicar detalladamente si ha cumplido —y cómo— los requisitos exigidos por el tribunal. En concreto, el Supremo ha solicitado información sobre cinco aspectos esenciales:

1. Evaluación individual de los menores: Se requiere una relación detallada de los menores que ya han sido evaluados dentro del marco del artículo 15 del Real Decreto 220/2022, así como una lista de los que aún están pendientes de dicha evaluación.
2. Asignación de recursos de acogida: Para los menores ya evaluados, el Estado deberá indicar si han sido asignados a un recurso específico dentro del sistema de acogida. Igualmente, debe detallar cuántos menores siguen sin recurso asignado.
3. Disponibilidad y obtención de recursos: En caso de que el sistema no disponga de suficientes plazas o recursos, el Estado tendrá que explicar qué medidas ha tomado para solventar esta carencia, conforme a lo estipulado en los artículos 7 y 8 del mencionado Real Decreto. Esto incluye plazos y fórmulas reglamentarias previstas.
4. Responsabilidad administrativa: Se exigirá la identificación clara de las unidades administrativas responsables de cada una de las acciones tomadas.
5. Coordinación con Canarias: Por último, el Supremo quiere conocer qué acuerdos o protocolos han sido firmados con la Comunidad Autónoma de Canarias para ejecutar las medidas y en qué fechas concretas se ha establecido su aplicación.

El contexto

Canarias ha experimentado un aumento sin precedentes de llegadas de menores migrantes no acompañados en los últimos años, lo que ha desbordado su capacidad de acogida. El Ejecutivo regional ha insistido en numerosas ocasiones en que no puede asumir en solitario la responsabilidad de proteger y atender a estos menores, cuya tutela recae provisionalmente sobre los servicios sociales autonómicos.

La medida cautelar dictada en marzo por el Supremo supuso un respaldo a esta posición, estableciendo claramente la obligación del Estado de intervenir de manera inmediata para asegurar el acceso de estos menores al sistema nacional de protección, un ámbito de competencia estatal.

El auto del 25 de marzo, que establecía esta medida cautelar positiva, subrayaba que las acciones requeridas debían desarrollarse bajo el principio del “superior interés del menor”, destacando así la urgencia y sensibilidad del asunto.

La vista del 29 de mayo no solo determinará si el Estado ha cumplido con su obligación legal, sino que podría sentar un precedente relevante en cuanto al papel que deben desempeñar las distintas administraciones en la protección de la infancia migrante en España. Una cuestión que, más allá de los aspectos técnicos y jurídicos, afecta directamente a los derechos fundamentales de cientos de niños y adolescentes que buscan una vida mejor en territorio español.

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